EL GOBIERNO PROMULGÓ LAS LEYES DE EMERGENCIA PEDIÁTRICA Y FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO, PERO SUSPENDIÓ SU APLICACIÓN
El Ejecutivo publicó los decretos que oficializan las normas, aunque las dejó en pausa hasta que el Congreso defina los fondos en el Presupuesto Nacional.
El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero postergó su entrada en vigencia hasta que el Congreso asigne las partidas presupuestarias necesarias. La medida fue formalizada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, con el argumento de que ambas leyes implican un impacto fiscal superior a las posibilidades del Estado.
La Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, prevé la actualización automática de los gastos de funcionamiento según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la recomposición salarial del personal docente y no docente. Según estimaciones oficiales, su implementación demandaría más de un billón de pesos en 2025 y dos billones en 2026, además de ajustes adicionales en becas estudiantiles y sumas no remunerativas.
Por su parte, la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año, busca reforzar el funcionamiento de los hospitales infantiles, garantizar insumos críticos y recomponer los salarios del personal de salud. Su costo fiscal fue calculado en $196.270 millones, cifra que supera ampliamente el presupuesto disponible del Ministerio de Salud.
El Ejecutivo fundamentó la suspensión de ambas normas en la Ley de Administración Financiera N° 24.156, al señalar que el Congreso no definió la fuente de financiamiento correspondiente. En el texto de los decretos, el Gobierno advirtió que aplicar las leyes sin respaldo presupuestario “pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con esfuerzo por la sociedad” y provocaría “mayor inflación y deterioro del sistema sanitario y educativo”.
Las leyes habían sido sancionadas luego de que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei, que ya había argumentado motivos fiscales similares. En paralelo, el Gobierno reiteró que la ejecución de ambos programas quedará suspendida hasta que el Presupuesto Nacional incluya los fondos específicos para su puesta en marcha.
