EL SALARIO MÍNIMO PERDIÓ MÁS DE LA MITAD DE SU PODER DE COMPRA EN UNA DÉCADA
La combinación de devaluación, estancamiento salarial y paritarias sin acuerdos llevó el salario mínimo a su nivel real más bajo en años, muy lejos de cubrir la canasta básica y último en el ranking regional.
El salario mínimo, vital y móvil acumula una caída del 35,2% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, según un análisis del Cifra-CTA. La pérdida se acentúa al comparar con etapas previas: en octubre de 2025, el poder de compra del mínimo resultó 45,6% inferior al de 2019 y 58,4% más bajo que en 2015. Para igualar el valor real de esa última referencia, debería ubicarse en torno a los 760.000 pesos, lejos de los 322.200 pesos fijados actualmente para la jornada completa.
La brusca devaluación de diciembre de 2023 marcó el inicio de este deterioro, profundizado por la falta de acuerdos en las cinco reuniones del Consejo del Salario realizadas desde entonces. Ante la ausencia de consenso entre representantes empresariales y sindicales, la Secretaría de Trabajo definió aumentos nominales que no recuperaron la pérdida inicial y continuaron reduciendo el ingreso real. Como resultado, el salario mínimo hoy equivale a menos de una quinta parte del salario promedio del sector privado registrado y se ubica por debajo del nivel real de la mayoría de los años noventa.
La comparación regional también muestra un retroceso significativo. De acuerdo con estimaciones del Celag, Argentina registra el salario mínimo más bajo de América Latina cuando se mide en dólares. Países como Costa Rica, Uruguay o Chile lo superan ampliamente, mientras que Argentina queda en torno a los 225 dólares mensuales, por debajo incluso de Bolivia y Paraguay. En términos internos, una familia tipo necesita casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica que establece la línea de pobreza.
En paralelo al deterioro del ingreso, el mercado laboral profundizó su informalización. Desde la puesta en marcha de las reformas desregulatorias, la economía perdió más de 220.000 empleos privados registrados y se cerraron cerca de 20.000 empresas. El retroceso impacta con mayor fuerza en regiones como el NOA, el NEA y Cuyo, donde más de la mitad de los trabajadores carecen de registro formal. Esta dinámica agrava las desigualdades territoriales: mientras el AMBA muestra mayor capacidad de sostener empleo formal, las provincias del interior enfrentan salarios más bajos, menor actividad y una informalidad creciente que erosiona el consumo interno.
