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INVESTIGADORES ACUSAN AL CONICET DE CENSURAR UN INFORME CRÍTICO SOBRE LA MINERÍA EN MENDOZA

Un documento técnico sobre el proyecto San Jorge fue bajado de la web del organismo pocas horas después de su publicación y generó un conflicto interno.

INVESTIGADORES ACUSAN AL CONICET DE CENSURAR UN INFORME CRÍTICO SOBRE LA MINERÍA EN MENDOZA

Un documento técnico sobre el proyecto San Jorge fue bajado de la web del organismo pocas horas después de su publicación y generó un conflicto interno.

Un fuerte conflicto estalló en el Conicet tras la denuncia de investigadores y becarios que aseguran que las autoridades ordenaron remover de la web institucional un comunicado crítico sobre el proyecto minero San Jorge, aprobado este miércoles por la Legislatura mendocina. El documento —elaborado por especialistas de distintos institutos y avalado por los equipos técnicos del Conicet Mendoza— había sido publicado bajo el título Comunicado Institucional del CONICET Mendoza sobre el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, pero su enlace fue desactivado pocas horas después. La comunidad científica interpretó el hecho como un acto de censura en el marco del ajuste impulsado por el Gobierno nacional y la afinidad del gobernador Alfredo Cornejo con la Nación, quien celebró la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del emprendimiento en Uspallata.

El informe advierte deficiencias graves en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, señalando riesgos de contaminación en las aguas subterráneas que alimentan al arroyo Uspallata, fallas en la información técnica utilizada, falta de datos actualizados y afectación directa a bienes arqueológicos no renovables, incluido el Qhapaq Ñan, declarado Patrimonio Mundial. También alerta sobre impactos en comunidades originarias Huarpe y la ausencia de evaluaciones económicas completas. Investigadores difundieron el comunicado por vías alternativas y lanzaron un formulario de adhesión pública para denunciar la censura, exigir respeto a la autonomía técnica del Conicet y reclamar protección laboral y académica para quienes participan en estudios ambientales, un área especialmente conflictiva en Mendoza por la histórica resistencia social a la megaminería.

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