LA UCR IMPULSA UN PROYECTO PARA REGULAR LA EUTANASIA Y LA MUERTE ASISTIDA EN ARGENTINA
La iniciativa, presentada por el diputado Lisandro Nieri y respaldada por su bloque, propone un marco legal para que personas con enfermedades graves puedan solicitar ayuda médica para morir bajo estrictos controles.
La Unión Cívica Radical presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida en todo el país, en línea con la reciente legalización aprobada en Uruguay. La propuesta, encabezada por el diputado mendocino Lisandro Nieri y acompañada por varios legisladores de su bloque, establece un procedimiento legal y sanitario para que personas adultas con enfermedades graves, crónicas o incurables puedan solicitar asistencia médica para morir. El proyecto define requisitos, plazos y garantías, así como reformas al Código Penal para brindar respaldo a los profesionales que intervengan en el proceso.
La iniciativa exige que la solicitud se realice de manera voluntaria, por escrito y en dos ocasiones separadas por al menos quince días. Además, contempla la intervención de una Comisión Médica de Asistencia y Evaluación en cada jurisdicción, que deberá analizar la historia clínica, conversar con el solicitante y emitir un dictamen en un plazo máximo de cinco días. Si la evaluación es favorable, la práctica deberá concretarse dentro de los diez días siguientes, ya sea administrada por un profesional o mediante autoadministración supervisada. El sistema de salud —público y privado— tendrá la obligación de garantizar la prestación en forma gratuita.
El texto también define la eutanasia como un procedimiento realizado por un médico —o bajo su supervisión— destinado a provocar la muerte de quien lo solicita de forma reiterada y válida, con la posibilidad de desistir en cualquier momento. Asimismo, incluye salvaguardas para mayores de dieciséis años y personas con capacidades restringidas. El personal sanitario podrá declararse objetor de conciencia, pero sin afectar el acceso del paciente, y las instituciones deberán garantizar la derivación cuando todos sus profesionales rechacen intervenir.
El proyecto incorpora los artículos 83 bis y 83 ter al Código Penal para eximir de responsabilidad a los médicos que actúen bajo este marco legal y sancionar a quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la prestación. La muerte producida en estos procedimientos será considerada legalmente como muerte natural. Durante la presentación, Nieri sostuvo que la propuesta busca asegurar un final de vida digno, retomando principios ya contemplados en la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna, y tomando como referencia legislaciones vigentes en Uruguay, España y Canadá.
