ATE RATIFICÓ EL PARO NACIONAL CONTRA LA REFORMA LABORAL Y ALERTÓ POR ELIMINACIÓN DE CONVENIOS E INDEMNIZACIONES

Daniel Catalano sostuvo que la medida del martes busca frenar cambios que afectarían derechos laborales y denunció un posible escenario de precarización.

La Asociación Trabajadores del Estado confirmó el paro nacional convocado para este martes en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La protesta, que incluirá una movilización frente al Congreso, apunta a frenar lo que la conducción sindical considera un “combo explosivo” para los derechos laborales. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, expresó que la organización “estará en la calle resistiendo”, al advertir que el proyecto podría poner en riesgo la estabilidad del empleo público y los convenios colectivos.

Según Catalano, el borrador presentado por el Poder Ejecutivo implicaría modificaciones profundas en la organización sindical, los acuerdos de estabilidad y las indemnizaciones. El dirigente advirtió sobre la posibilidad de que en algunos sectores los trabajadores sean forzados a renunciar para ser recontratados, generando un escenario de precarización. También señaló que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre para tratar la iniciativa, que incluiría además una reforma penal.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, reforzó las críticas al sostener que los cambios propuestos no buscan mejorar la competitividad ni la productividad, sino “disciplinar la fuerza de trabajo” y quitar derechos en un contexto de recesión, precarización y multiempleo. Entre los puntos centrales del reclamo se destacan el rechazo a la reforma laboral, la exigencia de reapertura de paritarias, la oposición al recorte del 10% del personal estatal y el pedido de aumento de emergencia para estatales y jubilados.

El gremio cuestionó además las propuestas de despidos sin indemnización, ampliación de jornadas laborales y límites a la negociación colectiva, en beneficio según plantean de grandes empresas. También rechazó privatizaciones, la venta de inmuebles públicos y la armonización de cajas previsionales, reclamando la restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La conducción advirtió que numerosos organismos podrían verse afectados por la reducción de personal y recordó que experiencias similares aplicadas en crisis anteriores no prosperaron.