EL GOBIERNO ULTIMA LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL CON PENAS MÁS DURAS, IMPRESCRIPTIBILIDAD Y NUEVAS REGLAS PARA LA LEGÍTIMA DEFENSA
El proyecto elevará castigos, ampliará los casos sin prescripción y modificará el encuadre legal de la defensa propia, además de reforzar el rol de las víctimas.
El Gobierno avanza en la redacción final de la reforma del Código Penal, que será enviada al Congreso en los próximos días y contempla endurecimiento de penas, imprescriptibilidad de delitos graves y un nuevo marco para situaciones de legítima defensa. La iniciativa, que actualizará más de 900 artículos del código vigente desde 1921, busca intensificar la política criminal y darle mayor centralidad a las víctimas en el proceso judicial.
El Ejecutivo prevé incrementos en los mínimos y máximos de diversas penas, con prisión perpetua sin límite temporal para casos agravados. También anticipa cambios que robustecen la presunción en favor de quien se defiende y mecanismos para fortalecer la intervención de las víctimas durante las investigaciones.
Entre las modificaciones destacadas figura el aumento en las penas por homicidio simple —de 10 a 30 años— y nuevos agravantes para el homicidio calificado, entre ellos cuando la víctima sea funcionario, integrante de un establecimiento educativo o tenga menos de 16 o más de 65 años, o cuando el hecho ocurra en lugares de concurrencia masiva o centros de detención. Las lesiones leves tendrán penas de 1 a 3 años, mientras que las derivadas de conducción imprudente oscilarán entre 2 y 6 años, y entre 3 y 6 en su modalidad agravada.
El proyecto también endurece castigos por abuso de armas, omisión de auxilio, pornografía infantil, privación ilegal de la libertad, trata de personas, amenazas con armas y delitos patrimoniales como hurto, robo, estafa y usurpación. Además, incorpora sanciones de 2 a 5 años por agresiones en manifestaciones, con agravantes cuando la víctima sea un funcionario o un miembro de fuerzas de seguridad.
Un eje central será la imprescriptibilidad de delitos graves como homicidio calificado, abuso sexual, producción y distribución de material de abuso infantil, corrupción de menores, secuestro extorsivo, trata de personas, terrorismo y narcotráfico. También se incorporan actos que interrumpen la prescripción, como órdenes de captura y pedidos de extradición.
La reforma propone limitar la ejecución condicional de penas para ampliar el cumplimiento efectivo: el 82% de las infracciones deberá purgarse con prisión. Quedarán excluidos de beneficios delitos como estragos agravados, robos especialmente agravados y tenencia o portación ilegal de armas de fuego. También se modificará el régimen de liberación anticipada y se mantendrá la reincidencia para delitos violentos y cometidos por funcionarios.
La administración libertaria plantea además ejecutar las condenas desde que se rechace el recurso extraordinario federal, sin esperar la intervención de la Corte Suprema. Por último, se eliminará la jubilación de privilegio para funcionarios con condena judicial, siguiendo lineamientos ya anunciados por el Ministerio de Justicia.
