INFORME DEL CNPT ALERTA SOBRE TORTURAS SISTEMÁTICAS EN CÁRCELES DE CATAMARCA
Un nuevo informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) denuncia que en la provincia no se implementaron las recomendaciones de 2022 y que los episodios de tortura y malos tratos en comisarías y unidades penitenciarias se agravaron.
El CNPT publicó este año los resultados de una nueva inspección realizada entre el 21 y 23 de agosto de 2024 en establecimientos carcelarios de la provincia, como el penal de Miraflores y la Unidad Penitenciaria Nº2 de mujeres. El documento reprocha al Estado provincial no haber atendido las recomendaciones formuladas en 2022 sobre modificaciones legislativas y protocolos policiales.
Según el informe, lo que antes eran “hechos aislados” ahora constituyen prácticas “sistemáticas y generalizadas”: detenciones arbitrarias, golpes en celdas, traslados a rastras, esposamientos de pies y manos, uso de armas no letales dentro de pabellones y suministros forzosos de medicación. Se advierte además que muchas víctimas relataron agresiones inclusive durante su detención siendo niños o adolescentes.
El informe denuncia además que no hay avances en las investigaciones judiciales ni administrativas de estos casos. Tampoco se verifican mejoras en las condiciones de encierro: al 31 de diciembre de 2024, había en unidades penitenciarias 511 personas, lo que representa el 75 % de su capacidad. Se informa que el acceso a agua caliente es mínimo, la comida es insuficiente, las requisas implican desnudos y humillaciones, y la atención médica —especialmente en salud mental— es prácticamente nula.
Por otro lado, el CNPT recuerda que la provincia continúa sin un mecanismo provincial formal para la prevención de la tortura, uno de los compromisos que le fuera recomendado, y que los proyectos de ley para su creación o para reformar la legislación policial presentados en los últimos años no prosperaron.
Este informe pone en evidencia una situación crítica en materia de derechos humanos en Catamarca, y deja en claro que, a casi tres años de la primera visita del organismo, no sólo no hubo avances, sino que la violencia institucional y las condiciones de detención se agravaron.
