LA CORTE ORDENÓ AL GOBIERNO ENTREGAR INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE AUTORIZACIONES MINERAS
El Máximo Tribunal dio lugar al reclamo de la Asamblea PUCARA y exigió al Ejecutivo provincial remitir la documentación faltante sobre obras en ríos y salares de Antofagasta de la Sierra.
La Corte de Justicia de Catamarca hizo lugar a la presentación de representantes de la Asamblea PUCARA y ordenó al Gobierno provincial entregar la información completa requerida sobre autorizaciones mineras en el río Los Patos, el río Trapiche y el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. La decisión fue tomada por la Sala de Amparo y Amparo por Mora, con votos unánimes de Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Gómez y Jorge Bracamonte, que además impusieron costas al Estado al considerar que la documentación enviada tenía faltantes.
La sentencia responde a la acción promovida por el abogado Santiago Kozicki, quien asesora a la Asamblea y reclamó que el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente no había respondido el pedido presentado el 7 de abril de 2025. El Tribunal ordenó al organismo emitir un pronto despacho en un plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el artículo 13 inciso “e” de la ley 4795, que contempla denuncia por desobediencia y multas diarias.
La Corte recordó que en agosto había requerido informe al Ministerio para explicar los motivos de la demora y que, pese a que en julio se entregó documentación parcial, persistían omisiones. Entre los faltantes se mencionan expedientes y resoluciones con artículos sin acompañar, como la Disposición DPH y ERH 87/18, cuyos anexos no fueron remitidos. El fallo aplicó el principio de “Máxima Divulgación”, que presume la publicidad de toda información estatal y exige al Estado garantizar el acceso pleno a sus registros.
El Tribunal también observó que dos resoluciones citadas por la Asamblea tienen fecha posterior al 13 de marzo de 2024, cuando la Corte ordenó al Ministerio abstenerse de otorgar nuevas autorizaciones sobre el río Los Patos hasta completar un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral presentado recién en 2025. La sentencia dispuso extraer copias de esos actos administrativos para su análisis.
PUCARA afirmó que el Estado “incumplió la ley y ocultó información pública ambiental”, señalando que se negaron datos clave sobre permisos y controles, incluso una autorización vigente del proyecto Fénix. La Asamblea sostuvo que existen más de diez empresas con pedidos en el Salar y que en todos los casos se entregó información incompleta. Reiteraron que el derecho a la información ambiental es esencial para el control ciudadano y para evitar impactos en comunidades y poblaciones locales.
