EL GOBIERNO DISPONE EL CIERRE DE LA SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA Y SE DETIENEN OBRAS EN MÁS DE 6.400 BARRIOS
La decisión oficial paraliza proyectos de infraestructura básica y afecta a cerca de 5 millones de personas. Organizaciones sociales y la Iglesia convocaron a una movilización y cuestionaron la medida.
El Gobierno nacional avanzó con el cierre y vaciamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), organismo creado bajo la Ley 27.453 para ejecutar políticas de urbanización en barrios populares. La medida implica la paralización total de obras de infraestructura básica, como acceso a agua potable y redes eléctricas seguras, en más de 6.400 villas y asentamientos del país, donde viven cerca de 5 millones de personas.
Según los datos mencionados por el sector, la subsecretaría funcionaba como brazo ejecutor de una política orientada a reducir la brecha en el acceso a servicios esenciales. El desmantelamiento deja sin acompañamiento estatal a millones de habitantes en territorios históricamente postergados y redefine las prioridades del gasto público en esa área.
Ante la decisión, la Mesa Nacional de Barrios Populares convocó para este martes a una movilización hacia el Ministerio de Economía bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”. Organizaciones sociales, referentes territoriales y la Iglesia participaron además de una conferencia de prensa realizada este lunes para advertir sobre las consecuencias sociales del cierre.
En ese encuentro, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, cuestionó la medida y definió el contexto como una “cultura de la voracidad y el descarte”. Señaló que la urbanización constituye una garantía de derechos básicos, como el acceso al agua potable y a la electricidad segura, y destacó el rol de los vecinos en el relevamiento inicial de los barrios.
Durante la misma conferencia, Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO-Argentina, recordó que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ley de integración fueron votados por unanimidad en el Congreso Nacional en 2018. Sostuvo que la gestión de la SISU se apoyó en decenas de miles de obras auditadas y advirtió que la falta de integración socio urbana puede implicar una diferencia de once años en la expectativa de vida de quienes nacen en barrios populares.
