LA DEFENSORÍA DE CATAMARCA APELARÁ ANTE LA CORTE POR LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD

Tras el fallo adverso de la Cámara Federal de Tucumán, el organismo confirmó que presentará un recurso extraordinario federal para revertir la decisión que afecta a 4.322 beneficiarios en la provincia.

La Defensoría del Pueblo de Catamarca anunció que presentará un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que la Cámara Federal de Tucumán declarara improcedente la acción colectiva iniciada contra la suspensión masiva de pensiones por discapacidad. El titular del organismo, Dalmacio Mera, formalizó la decisión en conferencia de prensa y señaló que la medida busca proteger a 4.322 beneficiarios catamarqueños alcanzados por las bajas.

La Cámara había sostenido que la acción no reunía los requisitos para ser considerada un proceso colectivo, al señalar falta de homogeneidad entre los casos y cuestionar la legitimación de la Defensoría provincial para accionar contra un organismo nacional. Frente a ello, Mera calificó la resolución como “extremadamente apegada a formalismos” y “arbitraria”, al considerar que se priorizaron tecnicismos procesales por sobre la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad.

En la presentación pública estuvieron presentes Daniel Escobar Correa, Defensor del Pueblo de Santiago del Estero; Griselda Bazán, presidenta de la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad (Apyfadim); y los abogados asesores Federico Sánchez Ruiz y Florencia Da Prá. El equipo jurídico sostuvo que las barreras administrativas no pueden estar por encima del derecho a la subsistencia y ratificó que recurrirán la sentencia de Cámara respecto del fallo de primera instancia.

Según los datos expuestos, a nivel nacional la medida alcanza a unas 120.000 personas. Mientras la sentencia no quede firme y continúe la vía recursiva, se mantienen vigentes los efectos del fallo de primera instancia, por lo que quienes venían percibiendo el beneficio continúan cobrándolo. La Defensoría señaló además que no se opone a las auditorías, pero cuestionó la falta de pruebas individuales que justifiquen las bajas, al afirmar que en el expediente no consta que se haya acreditado la presentación de certificados falsos en casos concretos.