REFORMA LABORAL Y GANANCIAS: GOBERNADORES ALERTAN POR UNA CAÍDA DE RECURSOS EN UN AÑO ELECTORAL
Las provincias cuestionan el impacto fiscal del proyecto oficial, que reduce Ganancias y aportes patronales. Advierten que la merma en la recaudación se sentirá en 2027.
La discusión por la reforma laboral abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, centrado en los cambios impositivos incluidos en el proyecto oficial. Los mandatarios provinciales advirtieron que la reducción del Impuesto a las Ganancias y de otros tributos podría generar una fuerte pérdida de recursos en 2027, un año electoral clave para la mayoría de las administraciones provinciales.
La iniciativa del Ejecutivo propone reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades del 35% al 31,5% a partir de los ejercicios fiscales de 2026. Según plantean las provincias, el impacto pleno de esta medida se reflejaría en 2027, cuando se celebren elecciones nacionales y provinciales, lo que agrava la preocupación por la disponibilidad de fondos en ese período.
El proyecto también contempla una baja de las contribuciones patronales del 18% al 15% para industrias y pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de fomentar el empleo formal. A esto se suma la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que prevé beneficios como la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias para proyectos productivos. De acuerdo con estimaciones oficiales, el costo fiscal de este régimen rondaría el 0,2% del PBI.
Entre otros puntos, la propuesta habilita la actualización de quebrantos fiscales por inflación y dispone la eliminación o reducción de Impuestos Internos en distintos rubros, como seguros, telefonía celular y satelital, bienes suntuarios, vehículos, embarcaciones, aeronaves y el gravamen del 10% a las entradas de cine destinado al INCAA.
Desde las provincias sostienen que el conjunto de estas medidas podría implicar una pérdida superior a los 3 billones de pesos en recursos coparticipables. En contraste, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el impacto fiscal se reflejará recién en 2027 y lo estimó en torno a los 1,5 billones de pesos.
En la Casa Rosada aseguran que el Gobierno no está dispuesto a retroceder en el capítulo impositivo del proyecto y buscan avanzar en negociaciones con los gobernadores. Sin embargo, los mandatarios provinciales mantienen una postura firme y advierten que no aceptarán resignar recursos en un año electoral decisivo.
La disputa por la reforma laboral y el reparto de fondos vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda política, en un contexto económico sensible y con el calendario electoral comenzando a influir de manera directa en las decisiones legislativas y fiscales.
