DENUNCIA JUDICIAL APUNTA A ADORNI POR LICITACIONES Y LA CONCESIÓN DE TECNÓPOLIS
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en contratos públicos y posibles conflictos de interés en procesos millonarios.
La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para investigar presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión del predio de Tecnópolis. La presentación, dada a conocer este jueves 19 de marzo de 2026, plantea posibles delitos vinculados a la administración pública durante el período 2025-2026 y abre un frente judicial de impacto político.
Uno de los ejes centrales del escrito se enfoca en una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios, que habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato superior a $3.650 millones para servicios de mensajería masiva. Entre las prestaciones incluidas se detallan el envío de SMS, la distribución de correos electrónicos y la realización de llamadas automatizadas.
Según la denuncia, el punto crítico no se limita al monto del contrato, sino a presuntas conexiones societarias entre ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L. Estas relaciones, de acuerdo al planteo, podrían haber afectado la competencia en el proceso licitatorio, generando un escenario de coordinación entre firmas que se presentan como independientes. El documento también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas vinculadas, lo que podría configurar una “simulación de competencia”.
El segundo foco de la presentación judicial se centra en la concesión del predio de Tecnópolis, estimada en más de $183.300 millones y gestionada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En este punto, se menciona un presunto conflicto de interés relacionado con la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y su vínculo con empresas involucradas en el proceso, entre ellas el Grupo Foggia y su participación conjunta con DirecTV Argentina.
El escrito sostiene que los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. En ese marco, Pagano solicitó la apertura de una investigación penal y la adopción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados.
