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EL GOBIERNO DESIGNÓ VEEDORES PARA SUPERVISAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA AFA

La medida regirá durante 180 días y permitirá revisar balances, contratos y documentación institucional tras un pedido de la IGJ por presuntas irregularidades.

EL GOBIERNO DESIGNÓ VEEDORES PARA SUPERVISAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA AFA

La medida regirá durante 180 días y permitirá revisar balances, contratos y documentación institucional tras un pedido de la IGJ por presuntas irregularidades.

El Ministerio de Justicia dispuso la designación de dos veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para supervisar su funcionamiento administrativo y financiero durante un plazo de 180 días. La decisión fue adoptada a partir de un pedido formal de la Inspección General de Justicia (IGJ), que busca revisar la documentación contable y los contratos de la entidad que conduce Claudio Tapia.

Según la resolución firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, los especialistas tendrán acceso a balances, registros administrativos y acuerdos comerciales de la institución. La medida no implica una intervención ni el desplazamiento de autoridades, sino la realización de un proceso de control y seguimiento sobre la gestión vigente.

Durante el período de supervisión, los veedores podrán analizar estados contables completos, revisar contratos comerciales y deportivos en vigencia y examinar registros administrativos internos. Además, estarán habilitados a requerir información adicional que consideren necesaria para elaborar un informe detallado sobre el manejo institucional y económico de la entidad.

El informe final que elaboren los veedores, identificados como Pappacena y Ortíz De Marco, será remitido a la Inspección General de Justicia. Según se indicó, las conclusiones podrían derivar en nuevas medidas administrativas si se detectan irregularidades o incumplimientos en la rendición de cuentas.

El expediente que dio origen a la medida comenzó a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó la designación de veedores tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades”, entre ellas demoras en la presentación de balances, falta de detalle en los estados financieros y ausencia de documentación respaldatoria para evaluar el manejo de recursos.

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