
HONDURAS CONTINÚA EN LA CATEGORÍA DE “ALTA RESTRICCIÓN” A LA LIBERTAD DE PRENSA
Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa advierte sobre el deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico y la protección de comunicadores.
Honduras se mantiene en la categoría de “alta restricción” a la libertad de prensa, según la sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El informe ubica al país en el puesto 16 entre 23 estados analizados en el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025.
De acuerdo con el reporte, Honduras obtuvo una puntuación de 35,64 sobre 100, la más baja desde la creación del índice. El resultado representa una caída de 4,21 puntos respecto al año anterior y consolida una tendencia descendente que comenzó en 2023, según el análisis difundido por la organización.
La SIP señaló que el deterioro se refleja en indicadores vinculados con la protección a periodistas, la independencia de los medios y el funcionamiento de las instituciones públicas. El informe también relaciona el retroceso con el contexto político reciente, marcado por tensiones institucionales y una prolongada crisis en el Congreso Nacional durante el período de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, entre el 27 de enero de 2022 y el 27 de enero de 2025.
Uno de los aspectos con peores resultados corresponde a la respuesta estatal frente a la violencia contra periodistas. Honduras obtuvo 8,53 puntos de un máximo posible de 40 en este indicador, lo que, según la SIP, refleja debilidades en los mecanismos de protección, investigación y sanción de ataques contra comunicadores.
Durante el periodo analizado se registraron 64 incidentes de violencia o intimidación contra periodistas, entre ellos amenazas, hostigamientos en redes sociales, restricciones al acceso a la información pública y obstáculos en coberturas periodísticas. El informe también menciona los asesinatos de los periodistas Juan López, en diciembre de 2024, y Javier Antonio Hércules Salinas, en junio de 2025, este último bajo un mecanismo estatal de protección al momento del ataque. Según la organización, la falta de respuestas efectivas ante estas agresiones incrementa la vulnerabilidad de los comunicadores y favorece la autocensura.