IMPULSAN CRÉDITOS DE ANSES PARA CANCELAR DEUDAS CON MONTOS DE HASTA $1,5 MILLONES
Un proyecto opositor propone restablecer los préstamos con un enfoque orientado al desendeudamiento. Alcanzaría a más de 10 millones de potenciales beneficiarios.
Un proyecto impulsado por bloques opositores en el Congreso propone reactivar los créditos de la ANSES con un esquema orientado a cancelar deudas y reducir el sobreendeudamiento. La iniciativa surge tras la eliminación de las líneas tradicionales mediante el decreto 421/2025 y busca restablecer el acceso al financiamiento para sectores excluidos del sistema formal.
El financiamiento provendría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que permitiría sostener un programa de alcance masivo. Según lo planteado, el universo potencial de beneficiarios podría superar los 10 millones de personas en todo el país.
A diferencia de modelos anteriores, el proyecto establece que los fondos no serán de libre disponibilidad. El objetivo es que el crédito se utilice exclusivamente para cancelar deudas existentes, evitando que los beneficiarios incrementen su carga financiera. De este modo, el sistema se orienta a una lógica de saneamiento económico.
El esquema contempla como posibles beneficiarios a jubilados y pensionados del SIPA con ingresos de hasta seis haberes mínimos, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, personas con pensiones no contributivas, trabajadores de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D.
El procedimiento prevé que los solicitantes gestionen el crédito a través de la plataforma Mi ANSES, donde deberán informar la deuda a cancelar. Luego, el organismo verificará los datos y transferirá directamente los fondos al banco o acreedor correspondiente.
En cuanto a las condiciones, el monto máximo sería de hasta $1.500.000, ajustable por salario mínimo. La tasa de interés se fijaría en base a la TAMAR más 10 puntos porcentuales, y las cuotas no podrían superar el 30% del ingreso del solicitante.
El proyecto aún debe ser tratado en el Congreso para convertirse en ley. Sus impulsores estiman que el debate podría iniciarse en los próximos meses y que, en caso de aprobación, la implementación podría concretarse en el segundo semestre de 2026.
