MENDOZA HABILITÓ EL REPORTE CIUDADANO DE INFRACCIONES VIALES MEDIANTE IMÁGENES
La Legislatura aprobó una reforma que permite enviar fotos y videos de faltas de tránsito. Los juzgados viales evaluarán cada caso sin que constituya una denuncia formal.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la incorporación de un nuevo artículo a la Ley de Seguridad Vial que habilita a los ciudadanos a reportar posibles infracciones de tránsito mediante fotos y videos. La normativa, sancionada el 18 de marzo de 2026, establece que el material podrá enviarse a través de canales digitales oficiales y será evaluado por los juzgados viales competentes.
El contenido remitido tendrá carácter de comunicación ciudadana, lo que implica que no será considerado una denuncia formal ni otorgará fe pública sobre su autenticidad. Según el texto aprobado, la autoridad de aplicación podrá descartar aquella información que no corresponda a la jurisdicción o presente indicios de falsedad, evitando su publicación en sistemas de acceso público.
En los casos en que el material incluya datos suficientes, podrá ser remitido al juzgado vial correspondiente junto con un informe preliminar que detalle la posible infracción y los datos identificatorios que surjan del registro. La decisión final quedará en manos de los juzgados, que deberán analizar la información y determinar si corresponde validarla o iniciar medidas para verificar su veracidad.
La iniciativa busca reforzar la prevención y el control del tránsito, especialmente en períodos de alta circulación vehicular. Desde la Cámara de Diputados señalaron que el control estatal resulta insuficiente para abarcar la totalidad de rutas, por lo que la participación ciudadana podría contribuir a reducir infracciones y accidentes.
Durante el debate, el diputado José Manuel Vilches sostuvo que el proyecto no tiene fines recaudatorios y que apunta a fortalecer la seguridad vial. Legisladores de distintos bloques acompañaron la propuesta y destacaron su bajo costo y su aplicación en otros países. Sin embargo, desde el Partido Justicialista advirtieron sobre una posible sobrecarga administrativa y cuestionaron la viabilidad del sistema, al considerar que la reducción de accidentes depende principalmente de la educación y la concientización.
