PROPONEN DIVIDIR LA CÁMARA FEDERAL DE TUCUMÁN PARA ACELERAR LOS FALLOS
Un proyecto de ley plantea crear dos salas dentro del tribunal para reducir demoras en causas de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero sin aumentar el gasto público.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán quedó en el centro de una propuesta de reforma impulsada por los senadores nacionales Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, quienes presentaron el proyecto de ley S-0130/2026 el 18 de marzo de 2026. La iniciativa propone dividir el tribunal en dos salas con el objetivo de mejorar su funcionamiento y acelerar la resolución de causas en una jurisdicción que abarca Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
El proyecto surge como respuesta al incremento sostenido del volumen de expedientes registrado desde 2012, que ha puesto en tensión la estructura actual del tribunal. Hoy, la Cámara opera como un órgano único multifuero integrado por cinco miembros, un esquema que, según la fundamentación, genera demoras en el dictado de sentencias debido a su dinámica de funcionamiento.
La normativa vigente exige la coincidencia de al menos tres votos para alcanzar una mayoría, lo que en la práctica extiende los plazos procesales. Este punto es identificado en la iniciativa como el principal obstáculo para lograr mayor celeridad en las resoluciones judiciales y garantizar tiempos razonables para los ciudadanos de las tres provincias.
Como alternativa, el proyecto plantea una reorganización institucional mediante la creación de dos salas compuestas por dos integrantes cada una, bajo la órbita de un juez de Cámara que ejercerá la presidencia. En caso de desacuerdo entre los miembros de una sala, el presidente intervendrá como tercer voto para definir la resolución.
Según los fundamentos, este modelo permitiría tramitar más expedientes en simultáneo y mejorar tanto la velocidad como la calidad del servicio judicial. Además, los autores destacan que la reforma no implicará gasto público adicional, ya que se implementará mediante la optimización de los recursos existentes. El proyecto fue elaborado tras reuniones con autoridades políticas y judiciales, en las que también se planteó la necesidad de cubrir vacantes y avanzar en concursos pendientes.
