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EL GOBIERNO DE PETRO ANALIZA MEDIDAS TRAS LA SUSPENSIÓN DE UN DECRETO CLAVE PARA EL SISTEMA PENSIONAL

Hacienda y Trabajo cuestionaron la decisión del Consejo de Estado y anticiparon acciones para resguardar los fondos de trabajadores trasladados a Colpensiones.

EL GOBIERNO DE PETRO ANALIZA MEDIDAS TRAS LA SUSPENSIÓN DE UN DECRETO CLAVE PARA EL SISTEMA PENSIONAL

Hacienda y Trabajo cuestionaron la decisión del Consejo de Estado y anticiparon acciones para resguardar los fondos de trabajadores trasladados a Colpensiones.

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo de Colombia se pronunciaron este 28 de abril tras la suspensión parcial del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, dispuesta por el Consejo de Estado. La medida impacta en el esquema previsto para el traslado de recursos de trabajadores al sistema público administrado por Colpensiones.

Ambas carteras manifestaron su preocupación por la decisión judicial, adoptada de manera “excepcionalmente expedita”, y advirtieron que este tipo de resoluciones, sin un debate contradictorio previo, puede afectar la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía de los derechos de los trabajadores.

Según explicaron en un comunicado, el decreto suspendido buscaba asegurar la coherencia financiera del sistema, garantizando que los recursos de quienes optaron por trasladarse al régimen público acompañaran las obligaciones asumidas por el Estado. La normativa se apoyaba en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y en la Ley 100 de 1994.

Los ministerios señalaron además una “tensión” con los fondos privados, al sostener que estos buscan mantener el control de los ahorros de más de 120.000 trabajadores que decidieron trasladarse a Colpensiones. Consideraron que esta situación es contraria a los principios de sostenibilidad, equidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social.

En este contexto, las autoridades ratificaron su compromiso con la defensa del interés general, la protección del ahorro previsional y la estabilidad del sistema. También anticiparon que impulsarán las acciones jurídicas necesarias para garantizar la aplicación de los principios constitucionales que rigen la seguridad social en el país.

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