EL GOBIERNO IMPULSA NUEVAS INICIATIVAS Y BUSCA REEMPLAZAR LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD
El oficialismo presentó un proyecto centrado en pensiones por invalidez y reactivó el debate por el financiamiento universitario en el Congreso.
El Gobierno avanzó con el envío al Congreso de un proyecto para derogar la Emergencia en Discapacidad aprobada el año pasado y reemplazarla por una nueva iniciativa enfocada en el control de pensiones por invalidez. La propuesta ingresó el último viernes y se suma a otro debate abierto por el financiamiento de las universidades nacionales, en un contexto de reactivación de temas con impacto social y presupuestario.
El proyecto sobre discapacidad plantea un cambio de enfoque y pone el acento en el fraude en las pensiones no contributivas. Según datos oficiales, estos beneficios pasaron de 76.000 en 2003 a 1.200.000 en 2023. La iniciativa propone garantizar la sostenibilidad del sistema, fortalecer a los prestadores mediante regularización de deudas, condonación de intereses y refinanciación, además de actualizar valores y sostener pensiones cuando corresponda al Estado.
En paralelo, el oficialismo impulsa un nuevo esquema de financiamiento universitario que comenzará a tratarse en las próximas semanas en las comisiones de Educación y Presupuesto. El proyecto apunta a equilibrar las necesidades del sistema educativo con el Presupuesto vigente, con medidas orientadas a garantizar el acceso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes, mejorar las condiciones laborales y reforzar la inversión en tecnología y becas.
Estas iniciativas conviven con la presión de sectores opositores que reclaman la aplicación de leyes sancionadas en 2025, tanto en materia universitaria como en discapacidad. En el caso del financiamiento educativo, existe un fallo judicial que ordena su cumplimiento, aunque el Ejecutivo apeló la decisión ante la Corte Suprema y busca avanzar con su propio proyecto.
El escenario legislativo se completa con la próxima presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados el 29 de abril. La sesión informativa se desarrollará en un clima de tensión política, con miles de preguntas enviadas por legisladores y cuestionamientos vinculados a su gestión y a denuncias en su contra.
