ESPAÑA REFUERZA CON 600 FUNCIONARIOS EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES
El Gobierno busca agilizar los trámites y evitar demoras con un plan que incluye nuevas oficinas y plazos definidos para resolver solicitudes.
El Gobierno de España anunció este martes 14 de abril de 2026 un refuerzo de 600 funcionarios para gestionar el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, con el objetivo de evitar colapsos administrativos. La medida se enmarca en un plan que permitirá a miles de personas acceder a permisos de residencia y trabajo si cumplen con los requisitos establecidos.
El esquema contempla la incorporación de 400 empleados del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que se sumarán a los 200 trabajadores actuales. De esta manera, el Ejecutivo busca acelerar la resolución de solicitudes en un contexto de alto volumen de expedientes, con un plazo de tramitación que se extenderá del 16 de abril al 30 de junio.
Según fuentes oficiales, el objetivo es admitir las solicitudes en un máximo de quince días y facilitar el acceso al mercado laboral. Al mismo tiempo, se aclaró que las oficinas habituales de extranjería continuarán con la gestión de trámites ordinarios sin recibir carga adicional derivada de este proceso.
El plan también prevé la habilitación de cinco oficinas específicas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, junto con 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos distribuidas en capitales de provincia y municipios con más de 50.000 habitantes. Las solicitudes podrán presentarse de forma online o a través de entidades habilitadas.
Para acceder a la regularización, los solicitantes deberán acreditar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025, demostrar al menos cinco meses de residencia continuada y no tener antecedentes penales. En caso de no contar con el certificado correspondiente, el Gobierno lo gestionará por vía diplomática con plazos definidos.
El Ejecutivo estima que la medida beneficiará a unos 250.000 solicitantes de asilo y a otras 250.000 personas en situación administrativa irregular. No obstante, el proceso se desarrolla en un contexto de tensión sindical, ya que CCOO convocó una huelga indefinida en oficinas de extranjería desde el 21 de abril, mientras que otros gremios advirtieron sobre falta de personal y capacitación en algunas áreas.
