INVESTIGAN CONTRATOS ENTRE LA TV PÚBLICA Y UNA PRODUCTORA VINCULADA A GRANDÍO
Seis acuerdos de coproducción con Imhouse están bajo análisis judicial. El esquema prevé financiamiento privado y recuperación mediante publicidad.
La causa judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni avanza con el análisis de contratos firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandío. Según información difundida por Radio y Televisión Argentina (RTA), se identificaron al menos seis acuerdos de coproducción que incluyen programas televisivos, contenidos digitales y un ciclo radial.
De acuerdo con RTA, Grandío no figura contratado bajo relación de dependencia en la empresa. Sin embargo, la productora participó en contenidos emitidos por la TV Pública y Radio Nacional. Los contratos analizados comparten una estructura común: la empresa privada asume los costos de producción y explota la publicidad hasta recuperar la inversión, para luego compartir las ganancias con el Estado.
El primer acuerdo relevado fue firmado el 17 de abril de 2024 para el programa radial “La caja de Pandora”, emitido por AM 870. En ese caso, Imhouse abonó $1.000.000 a RTA y retuvo el 100% de los ingresos publicitarios. Posteriormente, el 27 de agosto de 2024, se firmó un contrato para el ciclo “Giros en Línea Recta”, con 10 episodios por un costo total de $5.883.995 más IVA, bajo el mismo esquema de recuperación mediante publicidad y reparto de ingresos tras cubrir los costos.
Ese formato se replicó en acuerdos posteriores: el 27 de marzo de 2025 se pactó una nueva tanda de 10 capítulos a $900.000 más IVA por episodio, y desde septiembre de 2025 se firmó otro contrato por 16 programas a $1.097.500 más IVA cada uno. En paralelo, la productora amplió su participación en contenidos digitales con “Enredados”, de 20 capítulos a $900.000 más IVA por episodio, y “La Sala”, de 50 programas a $950.000 más IVA cada uno.
Además de los acuerdos económicos, RTA aportó infraestructura para la producción, incluyendo aire de transmisión, estudios, personal técnico, escenografía y servicios de apoyo. Este conjunto de recursos formó parte del esquema de coproducción implementado en los distintos proyectos.
La investigación judicial, en la que interviene el fiscal Gerardo Pollicita, incluye pedidos de prueba como registros migratorios desde 2023 y análisis de posibles vínculos en viajes al exterior. La causa se originó por el uso de vuelos privados hacia Punta del Este y se amplió con nuevos elementos, entre ellos transferencias por $1.670.900 desde Imhouse a Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, actualmente bajo evaluación judicial.
