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PETRO DEFENDIÓ EL DECRETO SOBRE FONDOS PENSIONALES TRAS LA DEMANDA DE PALOMA VALENCIA

El presidente aseguró que la medida respeta los derechos de los cotizantes. La senadora pidió su suspensión y cuestionó el destino de los recursos.

PETRO DEFENDIÓ EL DECRETO SOBRE FONDOS PENSIONALES TRAS LA DEMANDA DE PALOMA VALENCIA

El presidente aseguró que la medida respeta los derechos de los cotizantes. La senadora pidió su suspensión y cuestionó el destino de los recursos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia contra el Decreto 0415 de 2026, que regula el traslado de ahorros desde fondos privados hacia Colpensiones. El mandatario defendió la legalidad de la medida y afirmó que garantiza el derecho de los trabajadores a disponer libremente de sus recursos.

A través de un mensaje, Petro sostuvo que el decreto “dice lo que es obvio en el mundo financiero: el ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes”. En ese sentido, remarcó que quienes opten por trasladar sus fondos desde el régimen de ahorro individual al de prima media pueden hacerlo sin intervención del Gobierno ni de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La respuesta del jefe de Estado se produjo luego de que Valencia, integrante del Centro Democrático, presentara una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la suspensión inmediata de la norma. La legisladora cuestionó la medida y la calificó como un intento de apropiación de recursos por parte del Gobierno.

En su defensa, Petro negó que exista un traslado automático de fondos y aseguró que Colpensiones no entrega dinero al Ejecutivo. Además, señaló que el Estado destina más de $12 billones anuales para garantizar el pago de jubilaciones en ese sistema, en línea con lo establecido por la ley.

El mandatario también cuestionó a los sectores que impulsan la demanda, al sostener que buscan frenar la reforma pensional para proteger intereses privados vinculados a los fondos de pensión. Según afirmó, estas acciones apuntan a limitar la posibilidad de los trabajadores de decidir sobre sus ahorros.

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