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URUGUAY PUSO EN VIGOR LA LEY QUE LEGALIZA LA EUTANASIA

El presidente Yamandú Orsi firmó la reglamentación que habilita la muerte médicamente asistida bajo requisitos estrictos y control sanitario.

URUGUAY PUSO EN VIGOR LA LEY QUE LEGALIZA LA EUTANASIA

El presidente Yamandú Orsi firmó la reglamentación que habilita la muerte médicamente asistida bajo requisitos estrictos y control sanitario.

Uruguay puso en vigencia la Ley de Muerte Digna luego de que el presidente Yamandú Orsi firmara el decreto reglamentario este miércoles 15 de abril de 2026. La normativa legaliza la eutanasia en el país y establece un marco regulatorio con condiciones específicas para su aplicación, en lo que constituye un hito en la región.

La ley había sido aprobada en octubre de 2025 por la Cámara de Senadores tras un amplio debate político y social. El texto habilita a personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, a solicitar la eutanasia cuando padezcan una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal, con sufrimientos considerados insoportables y un deterioro grave y progresivo de su calidad de vida.

El procedimiento exige que la solicitud sea realizada de forma personal ante un médico y por escrito. En casos donde el paciente no pueda hacerlo, podrá intervenir un tercero adulto. Además, el profesional debe comprobar que el solicitante está psíquicamente apto y garantizar que la decisión sea libre, voluntaria e informada, incluyendo la explicación de alternativas como los cuidados paliativos.

La normativa también establece la intervención de un segundo médico, quien deberá evaluar la condición clínica y la voluntad del paciente. Si ambos profesionales coinciden en que se cumplen los requisitos, se realizará una nueva instancia en la que el solicitante deberá ratificar su decisión por escrito ante dos testigos, que no podrán tener beneficios económicos vinculados al fallecimiento.

Como parte del esquema de control, la reglamentación crea una Comisión Honoraria de Revisión bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública. Este organismo tendrá la función de supervisar cada procedimiento y asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos por la ley. El objetivo central de la norma es garantizar el derecho a transitar el proceso de morir en condiciones dignas, conforme a la voluntad de cada persona.

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