EL GOBIERNO ACELERA LOS RETIROS VOLUNTARIOS Y YA MÁS DE 2.300 EMPLEADOS DEJARON EL ESTADO
La gestión de Javier Milei avanza con la reducción de organismos públicos y analiza extender el esquema a la administración central. ANSES y Vialidad registraron las mayores bajas.
El Gobierno nacional profundizó el plan de reducción del Estado impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mediante un esquema de retiros voluntarios que ya alcanzó a más de 2.300 trabajadores de organismos públicos.
La política se concentra principalmente en organismos descentralizados y forma parte del proceso de ajuste y achicamiento estatal promovido por el oficialismo. Según fuentes del Gobierno, el Ejecutivo también analiza extender el mecanismo a áreas de la administración central.
Hasta el momento, los procesos más avanzados se registraron en la Dirección Nacional de Vialidad y en la ANSES. En Vialidad dejaron el organismo cerca de 1.000 empleados, mientras que en ANSES se contabilizaron alrededor de 1.170 desvinculaciones. Desde Casa Rosada calificaron ambos procesos como “los más exitosos”.
El esquema también fue implementado en Radio y Televisión Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil, Casa de la Moneda y Belgrano Cargas y Logística, entre otros organismos estatales.
Desde el Gobierno señalaron que los retiros contemplan el pago de aproximadamente el 90% del salario bruto por cada año trabajado y remarcaron que quienes adhieran no podrán volver a trabajar en el Estado durante cinco años.
En paralelo, el oficialismo prepara nuevos procesos de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y en el PAMI, que cuenta con una planta cercana a los 11 mil trabajadores. También analizan medidas similares en otros organismos que todavía no fueron confirmados oficialmente.
Según explicaron desde la administración libertaria, el objetivo es reducir el gasto público y evitar conflictos derivados de despidos masivos. El Gobierno sostiene además que el mecanismo resulta menos costoso que las indemnizaciones tradicionales y permite generar ahorros en menos de un año en varios organismos estatales.
