ESCÁNDALO EN LA LEGISLATURA: EL MID PIDIÓ LA BAJA DE UN TESTIGO QUE DENUNCIÓ A JAVIER GALÁN
Iván Luna Avellaneda respaldó judicialmente a una de las denunciantes del diputado provincial. La causa investiga amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales.
El bloque de diputados provinciales del MID inició el trámite para dar de baja como empleado legislativo a Iván Luna Avellaneda, uno de los principales testigos en la causa judicial que involucra al diputado Javier Galán. La medida fue impulsada el viernes pasado por el bloque integrado por Fernando Baigorrí y el propio Galán.
Luna Avellaneda había sido ofrecido como testigo por Daniela Solohaga, la primera mujer que denunció al legislador provincial. En su declaración judicial sostuvo que, aunque figuraba como empleado de la Cámara de Diputados, en la práctica debía trabajar en el Corralón San Javier, un comercio particular vinculado a Galán. Además, denunció amenazas para que desmintiera a Solohaga y aseguró que debía entregar parte de su sueldo mediante transferencias a terceros.
La solicitud de baja se conoció el mismo día en que la Cámara de Diputados remitió documentación al Juzgado de Control de Garantías N°4 sobre la situación laboral de Solohaga. Según fuentes judiciales, los documentos confirmarían que la mujer fue dada de alta y posteriormente desvinculada de la Legislatura en fechas coincidentes con las señaladas en su denuncia.
El juez Marcelo Sago concentra actualmente cuatro denuncias contra Galán. La principal corresponde a una acusación por abuso sexual con acceso carnal presentada por Solohaga. También existen otras dos denuncias por abuso sexual simple y una cuarta causa impulsada por Luna Avellaneda por amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales.
En el marco de la investigación, la Justicia solicitó información a la Agencia de Recaudación Catamarca para determinar la situación societaria y titularidad formal del Corralón San Javier. Además, se prevén pericias sobre teléfonos celulares y evaluaciones psicológicas para las denunciantes. La línea investigativa más sensible apunta al presunto uso de empleados públicos en actividades privadas, un delito contemplado en el artículo 261 del Código Penal.
