APELACIONES REABRE LA DISCUSIÓN SOBRE EL SOBRESEIMIENTO DE PAULO IBÁÑEZ
La Cámara de Apelaciones declaró la nulidad de una notificación cuestionada y ordenó revisar el sobreseimiento del exfuncionario del Registro de la Propiedad vinculado a una causa relacionada con Edgar Bacchiani.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar a un planteo de Fiscalía de Estado y resolvió revisar el sobreseimiento de Paulo Ibáñez, exjefe del Departamento de Folio Real del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia. El tribunal consideró inválido el procedimiento de notificación de una audiencia clave y ordenó fijar una nueva instancia para que el organismo fundamente por qué pretende sostener la acusación contra el exfuncionario.
Ibáñez había sido acusado de omitir la registración de cambios de dominio de dos inmuebles adquiridos por Edgar Adhemar Bacchiani. La investigación también alcanzó a las empleadas Norma del Valle Bravo y Andrea Beatriz Pacheco. Tras distintas etapas judiciales, la causa fue elevada a juicio oral. Sin embargo, la defensa de Ibáñez solicitó su sobreseimiento al considerar que no existían pruebas suficientes para avanzar con el proceso, planteo que fue aceptado por el juez de Control de Garantías Santiago Ahumada Franzini.
Posteriormente, Fiscalía de Estado apeló esa decisión. La audiencia para sostener el recurso se realizó el 21 de mayo, pero ningún representante del organismo se presentó. Ante esa situación, el tribunal consideró desistida la apelación por incomparecencia y el sobreseimiento quedó firme. Más tarde, Fiscalía de Estado objetó esa resolución al sostener que no había sido debidamente notificada sobre la fecha y hora de la audiencia.
Apelaciones aceptó ese argumento y declaró la nulidad de la notificación, ya que el aviso fue enviado al correo electrónico de uno de los abogados del Estado y no a la cuenta institucional del organismo. Como consecuencia, también anuló los actos posteriores derivados de aquella audiencia, dejando nuevamente bajo revisión el sobreseimiento de Ibáñez.
Mientras tanto, los abogados Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, que debían representar al Estado en la audiencia, enfrentan un sumario administrativo. En paralelo, Ibáñez anticipó que prepara una demanda contra el Estado provincial por daños económicos, financieros, psicológicos y morales derivados de su exoneración de la Administración Pública y de las consecuencias que, según afirmó, tuvo la acusación sobre su vida personal y familiar.
