EL GOBIERNO Y MEGA CERRARON LA PELEA JUDICIAL Y QUEDÓ SIN EFECTO LA MULTA MILLONARIA
El Gobierno provincial y la empresa MEGA SRL alcanzaron un acuerdo conciliatorio por la rescisión del contrato del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca. Ambas partes desistieron de los reclamos judiciales y administrativos iniciados tras la paralización de la obra.
Luego de más de dos años de disputa administrativa y judicial, el Gobierno de Catamarca y la empresa salteña MEGA SRL firmaron un acuerdo que pone fin al conflicto generado por la frustrada ejecución del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca. El convenio fue suscripto el 12 de mayo y ratificado mediante decreto el 27 de mayo, cerrando definitivamente los reclamos que ambas partes mantenían en la Justicia.
Como parte del entendimiento, la Provincia desistió del cobro de una multa de $1.963.132.239,74 que había sido aplicada a la empresa por incumplimientos en la ejecución de la obra. A cambio, MEGA aceptó la rescisión contractual dispuesta por el Gobierno y se comprometió a reintegrar $301.267.618,35 dentro de los 120 días posteriores a la ratificación del acuerdo. El monto corresponde a una porción del anticipo financiero recibido para la ejecución del proyecto, descontados certificados adeudados y fondos retenidos.
Además, la firma renunció a cualquier reclamo económico, administrativo o judicial relacionado con la obra, incluyendo pedidos de redeterminación de precios, certificados pendientes de pago, intereses, daños, gastos improductivos o lucro cesante. También desistió de las acciones que había presentado ante la Corte de Justicia contra la Provincia.
Por su parte, una vez cumplido el pago acordado, el Gobierno provincial renunciará a futuros reclamos por perjuicios derivados de los incumplimientos atribuidos a la empresa y procederá a liberar las garantías constituidas por MEGA, que consistían en pólizas de seguro por aproximadamente $922 millones. Asimismo, la firma será removida de los registros de contratistas incumplidores.
El conflicto se había iniciado luego de que el Ejecutivo provincial detectara importantes demoras en una obra que, según los informes oficiales, debía superar el 30% de avance y no alcanzaba el 5%. Tras la imposición de la multa en octubre de 2023 y la rescisión del contrato en 2024, ambas partes avanzaron con presentaciones administrativas y judiciales que ahora quedaron sin efecto a partir del acuerdo conciliatorio alcanzado durante mayo de este añ
