GOBIERNO Y UNIVERSIDADES ACUERDAN UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL, PERO SIGUE EL RECLAMO JUDICIAL
El Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional pactaron una mejora salarial en dos tramos, aumentos para becas y fondos para hospitales universitarios. La demanda por la Ley de Financiamiento Universitario continuará en la Corte Suprema.
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a reducir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. La propuesta contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos etapas: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre, además de una futura reunión paritaria con los gremios del sector.
Según lo acordado, la actualización salarial incluye 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y una compensación por la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. El acta también incorpora el compromiso de evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo frente a la inflación durante el resto del año.
El entendimiento suma además un incremento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país. A ello se agrega una partida de 50 mil millones de pesos para el financiamiento de hospitales universitarios. Las conversaciones incluyeron también la situación del personal docente de establecimientos preuniversitarios, afectado por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Pese al acuerdo, los rectores confirmaron que mantendrán la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente permanece suspendida por un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La resolución definitiva quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde el Gobierno sostienen que la ley sancionada por el Congreso es incompatible con la normativa de administración financiera debido a que no identifica la fuente de los recursos necesarios para su aplicación. En paralelo, los gremios universitarios manifestaron cautela frente al entendimiento alcanzado y reiteraron la necesidad de una convocatoria formal a paritarias. Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y mantienen sus reclamos por una definición judicial sobre el financiamiento del sistema.
