LA CORTE SUPREMA CONFIRMÓ LA MEDIDA QUE EXIGE APLICAR LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El máximo tribunal rechazó una presentación del Poder Ejecutivo y dejó firme una cautelar vinculada a la ley de financiamiento universitario. La decisión respalda el planteo del Consejo Interuniversitario Nacional sobre la asignación de fondos al sistema educativo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina resolvió este jueves rechazar una presentación del Poder Ejecutivo y dejar firme una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso. La decisión se vincula a un planteo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional, en el marco del debate por la distribución de fondos para el sistema universitario. El alcance del fallo se mantiene dentro del contexto judicial abierto entre las partes.
La resolución se conoció luego del acuerdo alcanzado a principios de mes entre el Ministerio de Capital Humano y las universidades públicas, destinado a destrabar el conflicto por el financiamiento del sector. Según lo informado oficialmente, ese entendimiento evitó que la situación tuviera un impacto económico adicional al ya previsto por el Estado nacional, aunque el pronunciamiento judicial mantiene vigencia sobre la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso.
El máximo tribunal fundamentó su decisión en la ausencia de una sentencia definitiva sobre el caso, motivo por el cual rechazó el recurso presentado por el Ejecutivo. En ese marco, se mantiene vigente la cautelar que sostiene la actualización salarial del personal universitario y la recomposición de programas estudiantiles, de acuerdo con lo establecido en el expediente judicial.
El acuerdo firmado en el transcurso del mes fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y organizaciones gremiales docentes y no docentes. En ese entendimiento se estableció una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario. El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas se había extendido durante más de dos años, con reclamos, medidas de fuerza y la intervención del ámbito judicial como instancia de resolución parcial del conflicto.
