UN REPASO DE LAS CONDENAS A POLICÍAS REAVIVA EL DEBATE SOBRE LOS CONTROLES INSTITUCIONALES
Un registro de casos judiciales en Catamarca expone condenas por femicidio, abuso sexual, torturas, vejaciones y otros delitos. La publicación señala demoras en las sanciones administrativas y cuestiona la ausencia de un mecanismo de control independiente.
En los últimos años, la Justicia de Catamarca condenó a varios integrantes de la Policía provincial por delitos graves, entre ellos femicidio, abuso sexual, torturas, vejaciones y privación ilegítima de la libertad. El repaso de estos casos pone el foco en las demoras registradas para aplicar sanciones administrativas y en la continuidad de algunos efectivos dentro de la fuerza aun después de haber sido condenados.
El caso más grave corresponde al sargento ayudante Diego Gastón Ortega, condenado a prisión perpetua en septiembre de 2022 por el femicidio de Cinthia Aranda, cometido en febrero de ese año con su arma reglamentaria. Según la publicación, Ortega permaneció como integrante de la Policía durante casi tres años después de la condena y fue exonerado recién en enero de 2026. En la misma resolución también fueron exonerados el sargento Julián Graviel Suárez, condenado por abuso sexual; el oficial ayudante Ricardo Gabriel Oliva, expulsado por falta grave; y Héctor Nelson Ramírez Ávila, condenado por peculado.
Entre los antecedentes mencionados figura la condena al oficial Abel Jesús Rivas por privación abusiva de la libertad y severidades cometidas sobre un detenido, luego de un hecho ocurrido en 2019. También se recuerdan las condenas impuestas a los agentes Luis Eduardo Palacios, Jonathan Adrián Centurión y Juan Miguel Salcedo Mercado por vejaciones, además de la sentencia contra la policía Fernanda Gabriela Santillán por privación ilegítima de la libertad agravada y vejaciones.
La publicación también menciona la causa por la muerte de Diego Pachao, ocurrida en 2012 en la Comisaría Séptima, que concluyó con condenas para cuatro policías y quedó firme en noviembre de 2023. Como conclusión, el artículo sostiene que las demoras en los sumarios administrativos y la falta de un mecanismo local de prevención previsto por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura mantienen abierto el debate sobre los controles institucionales en la provincia.
