El Gobierno cuestionó la suspensión del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires
Dirigentes oficialistas criticaron el fallo que frenó durante 60 días la aplicación de la nueva normativa y defendieron la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años.
El Gobierno nacional reaccionó contra la decisión judicial que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y la Justicia bonaerense.
Una de las primeras dirigentes en expresarse fue Patricia Bullrich, exministra de Seguridad e impulsora de la nueva legislación. La senadora cuestionó al gobierno provincial y sostuvo que los bonaerenses viven “con miedo” y sin seguridad.
Bullrich también criticó a la Justicia provincial y afirmó que existen sectores que permiten que quienes cometen delitos queden en libertad.
Críticas de Luis Petri
El diputado nacional Luis Petri también cuestionó el fallo de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
Petri sostuvo que el nuevo régimen quedó suspendido apenas dos días después de su entrada en vigencia y calificó la decisión como una medida que favorece la impunidad.
El legislador defendió la aprobación de la normativa y sostuvo que las víctimas no deberían afrontar las consecuencias de lo que definió como improvisación y abandono por parte del gobierno bonaerense y la Justicia provincial.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano difundió una publicación que luego fue compartida por Javier Milei. El mensaje destacó que la Ley 27.801 establece que, desde los 14 años, los adolescentes pueden responder penalmente por los delitos contemplados en la normativa.
Entre las conductas mencionadas se encuentran las amenazas contra escuelas, la portación de armas, la planificación de ataques, la venta o distribución de sustancias ilegales y la difusión de imágenes íntimas.
Sebastián Pareja también cuestionó el fallo
El dirigente Sebastián Pareja calificó la decisión judicial como “profundamente antidemocrática” y defendió el objetivo de la nueva legislación.
Según planteó, la norma busca elevar el costo de delinquir y sostuvo que el sistema provincial actual continúa garantizando impunidad.
Pareja remarcó además que la legislación no fue una decisión unilateral del Poder Ejecutivo nacional, sino el resultado de un proceso legislativo desarrollado en el Congreso de la Nación.
Por qué se suspendió la aplicación
La jueza Marta Elba Pascual dictó la medida apenas 48 horas después de la entrada en vigencia de la nueva normativa. La resolución hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.
El fallo dispuso la suspensión temporal de la aplicación de la ley en todo el territorio bonaerense.
El planteo judicial no se concentró en determinar la constitucionalidad de la nueva norma, sino en las condiciones materiales e institucionales de la provincia para implementarla.
La magistrada advirtió sobre un posible incremento en la cantidad de adolescentes que ingresarían al sistema penal y cuestionó si la provincia cuenta con infraestructura, recursos y profesionales suficientes para alojarlos bajo las condiciones exigidas por los derechos humanos de niños y adolescentes.
La nueva legislación reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y permite el procesamiento judicial de adolescentes de esa franja etaria por los delitos establecidos en el Código Penal.
El Gobierno reglamentó la ley a nivel federal
En paralelo, el Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli.
La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y le otorgó funciones de coordinación del sistema, elaboración de normas complementarias y celebración de convenios con provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
El nuevo régimen prohíbe las condenas a prisión perpetua para menores y establece un máximo de 15 años de privación de la libertad. El cumplimiento deberá realizarse en centros especializados y sin contacto con adultos.
Además, incorpora alternativas a la prisión, entre ellas la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas.
Para realizar el seguimiento de cada adolescente, el decreto creó la figura del “supervisor especializado”, un profesional con formación en psicología, trabajo social, pedagogía o disciplinas relacionadas. También estableció un registro transitorio de profesionales habilitados, con un plazo máximo de 180 días para concretar la primera convocatoria pública definitiva.
