HASTA 20 AÑOS DE PRISIÓN: EL GOBIERNO BUSCA ENDURECER LAS PENAS POR EXPLOTAR RECURSOS EN MALVINAS
El proyecto enviado al Congreso amplía las sanciones por actividades no autorizadas en las islas y sus espacios circundantes. También contempla penas para proveedores y medidas contra empresas.
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propone ampliar las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares circundantes. La iniciativa fue presentada después del inicio del proyecto Sea Lion y lleva las firmas de Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo.
El texto propone derogar la Ley N.º 26.659, vigente desde 2011, y extender las prohibiciones más allá de las actividades hidrocarburíferas. Para las personas o empresas que realicen actividades sin autorización prevé multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.
En los casos de exploración o explotación no autorizada de recursos no renovables, el proyecto establece penas de entre 12 y 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, contempla condenas de entre 15 y 20 años y multas de hasta tres millones de barriles de petróleo. Los proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales para esas actividades, con conocimiento de su destino, podrían recibir penas de cinco a siete años.
Las sociedades involucradas también quedarían alcanzadas por sanciones. Entre ellas figuran la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la prohibición de contratar con el Estado y, en determinados casos, la disolución o liquidación. La iniciativa incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan las condiciones previstas.
Además, el proyecto plantea crear un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional presidido por Milei para coordinar las áreas de defensa, economía, diplomacia, inteligencia y protección de infraestructuras críticas. Incluye también disposiciones sobre aeronaves y buques considerados hostiles, financiamiento político extranjero, inteligencia y amenazas contra la seguridad nacional.
