Petri cuestionó la suspensión del régimen penal juvenil y defendió su aplicación en todo el país
El diputado de La Libertad Avanza rechazó la medida judicial que frenó por 60 días la implementación en Buenos Aires y aseguró que existen establecimientos específicos para adolescentes.
El diputado nacional por Mendoza de La Libertad Avanza, Luis Petri, cuestionó la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que el Estado cuenta con condiciones para implementarlo.
La medida había sido dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. Frente a esa decisión, Petri afirmó: “Es falso lo que dice la jueza y es falso que no esté en condiciones el Estado para dar cumplimiento con la ley”.
Según explicó, las provincias ya disponen de establecimientos diferenciados para adolescentes que cometen delitos, aunque reconoció que esas estructuras deben ser mejoradas. También sostuvo que durante los 180 días previstos para la implementación debieron realizarse las adecuaciones correspondientes.
El presupuesto mencionado durante la entrevista asciende a $23.739 millones e incluye, según la información expuesta, un aporte de $3.000 millones del Ministerio de Justicia y fondos de la Defensoría General de la Nación. Consultado sobre su ejecución, Petri respondió afirmativamente, aunque no precisó porcentajes ni destino de los recursos.
Una reforma que, según Petri, va más allá de la imputabilidad
El legislador defendió el nuevo régimen como una respuesta a una deuda que, según planteó, la democracia argentina mantuvo durante décadas. Cuestionó el sistema anterior por considerar que no ofrecía herramientas suficientes frente a delitos graves cometidos por adolescentes.
Petri sostuvo que la discusión no debería concentrarse únicamente en la edad de imputabilidad, sino también en la existencia de sanciones diferenciadas, establecimientos específicos, una Justicia especializada y alternativas a la prisión.
En ese sentido, remarcó que la privación de la libertad debe ser utilizada como último recurso y reservada para delitos graves y violentos.
También planteó que la edad debe analizarse junto con la capacidad del adolescente para comprender la criminalidad de sus actos y las consecuencias de sus acciones.
El diputado señaló que la Argentina tiene una de las edades de imputabilidad más altas del mundo y mencionó como referencia que Brasil establece el límite en 12 años, Uruguay en 13 y Chile en 14.
Prevención y acompañamiento
Petri sostuvo que la intervención del Estado debería comenzar antes de que un adolescente cometa un delito. En particular, consideró que el abandono escolar constituye una señal que requiere atención, aunque aclaró que no implica necesariamente que el joven vaya a ingresar en la criminalidad.
A su criterio, la prevención también debe contemplar las adicciones, la continuidad educativa y el acompañamiento familiar.
En relación con el nuevo régimen, afirmó que contempla nueve sanciones reparadoras o restaurativas antes de recurrir a una pena de prisión, dentro de un esquema de intervención socioeducativa.
Para los adolescentes de entre 14 y 17 años que ingresen al sistema de responsabilidad penal juvenil, defendió el tratamiento de las adicciones, el regreso a la escuela y la terminalidad educativa. También sostuvo que quienes estén privados de su libertad deberían estudiar y trabajar para favorecer su reinserción.
El diputado rechazó, además, asociar pobreza y delincuencia juvenil. Según afirmó, los adolescentes de barrios populares también pueden ser víctimas de delitos cometidos por otros jóvenes.
Diferencias entre las provincias
Petri reconoció que existen diferencias entre las 24 jurisdicciones debido a los distintos niveles de infraestructura y capacidad administrativa.
En ese contexto, sostuvo que algunas provincias cuentan con establecimientos adecuados y otras no realizaron las mismas tareas de preparación. Sin embargo, consideró que esas diferencias no deberían impedir la vigencia de la legislación nacional.
También planteó la necesidad de instalar inhibidores de señal en las cárceles de adultos para evitar la planificación de delitos desde el interior de los establecimientos y defendió que las personas privadas de su libertad estudien y trabajen.
El reclamo por Malvinas
Durante la entrevista, Petri también se refirió a la cuestión Malvinas y sostuvo que debe mantenerse como una política de Estado.
El legislador afirmó que el reclamo argentino conserva su sustento jurídico y consideró que el problema histórico estuvo relacionado con la capacidad política del país para sostenerlo internacionalmente.
En ese marco, atribuyó a la política exterior del Gobierno de Javier Milei un cambio en las alianzas internacionales y destacó los vínculos con Estados Unidos, Israel y Europa.
Petri también defendió las sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos naturales en las cercanías de las islas, particularmente en actividades vinculadas con hidrocarburos y pesca.
Según su planteo, esa capacidad de imponer restricciones forma parte del poder de influencia económica y política del país.
Reequipamiento militar
El diputado vinculó además la cuestión Malvinas con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Sostuvo que la capacidad militar constituye un elemento de peso en una negociación internacional.
Petri afirmó que durante décadas las Fuerzas Armadas fueron desfinanciadas y aseguró que durante su gestión como ministro de Defensa comenzó un proceso de recuperación de capacidades.
Entre las adquisiciones mencionó la compra de 24 aviones F-16 y de vehículos Stryker. También reconoció que todavía existen aspectos pendientes, entre ellos la mejora de los salarios y de la obra social de los militares.
