ROCKHOPPER RATIFICA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN MALVINAS PARA 2028 PESE A LAS SANCIONES ARGENTINAS
La petrolera confirmó el calendario de Sea Lion y aseguró que cuenta con financiamiento y respaldo británico.
La empresa británica Rockhopper ratificó su objetivo de comenzar a extraer petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028, pese a la presión y las sanciones de la Argentina. La confirmación fue incluida en el balance de resultados del primer semestre de la compañía y corresponde al proyecto Sea Lion, que desarrolla junto con la petrolera israelí Navitas.
Rockhopper posee el 35% del proyecto, mientras que Navitas, que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y está a cargo de la operación, tiene el 65%. Ambas empresas ya habían manifestado su intención de continuar con el desarrollo y defendido la legalidad de las licencias otorgadas por el gobierno local de las islas para llevar adelante la actividad petrolera.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, describió el momento de la empresa como un “período decisivo” y confirmó la meta de iniciar la producción en el plazo previsto. Destacó una reciente ampliación de capital que, según explicó, garantiza el financiamiento necesario hasta la primera extracción de petróleo. También señaló el respaldo continuo de los gobiernos del Reino Unido y de las islas.
En su presentación, Rockhopper informó que Navitas considera válidas las licencias bajo las cuales opera y sostiene que fueron otorgadas legalmente por el gobierno isleño, con apoyo británico. La operadora indicó que no espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto significativo sobre el desarrollo de Sea Lion ni sobre su calendario. Según la compañía, las autoridades británicas e isleñas calificaron las medidas argentinas como ilegítimas y sin justificación jurídica.
La ratificación se produjo mientras Javier Milei intensifica los reclamos por la soberanía del archipiélago. A principios de septiembre, el presidente dispuso medidas que incluyeron un decreto de necesidad y urgencia, una denuncia penal contra petroleras y el envío de una nueva ley de Soberanía al Congreso. A esas acciones se sumó la intención de llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
