Bullrich apunta contra la Procuración Penitenciaria por sus actuaciones en el traslado de presos de Devoto

La senadora presentó un proyecto con nueve pedidos de información dirigidos a Ariel Cejas Meliare. Lo cuestiona por las intervenciones del organismo durante el proceso de cierre de la cárcel porteña y el traslado de internos a Marcos Paz.

La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto en el Senado para exigir explicaciones a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), por las actuaciones del organismo frente al traslado de detenidos desde la cárcel de Devoto al Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

La iniciativa fue ingresada el miércoles 14 de octubre y contiene nueve requerimientos vinculados con la asignación de plazas, las condiciones de alojamiento, las medidas de seguridad y las intervenciones judiciales de la Procuración. Bullrich solicitó que el funcionario presente un informe detallado, documentado y por escrito dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación del proyecto.

La legisladora considera que las actuaciones de la PPN dificultan el proceso de desocupación y cierre del establecimiento penitenciario porteño. Sin embargo, el pedido todavía debe recibir el aval de la Cámara para convertirse en un requerimiento formal.

### Las objeciones de Bullrich a la intervención de la Procuración

Uno de los principales cuestionamientos de la senadora se centra en la oposición judicial al traslado de internos. Bullrich sostiene que existe una contradicción entre los reclamos históricos por las condiciones de habitabilidad de Devoto y las acciones promovidas contra el cierre del penal.

En los fundamentos de la iniciativa, califica al establecimiento, inaugurado en 1927, como obsoleto y cuestiona las mesas de trabajo impulsadas por la Procuración. Según su interpretación, esas instancias demoran la reubicación de los detenidos e interfieren con el convenio entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la clausura.

También reclama explicaciones sobre los criterios utilizados para distribuir las vacantes disponibles en Marcos Paz. La senadora cuestiona que la PPN pretenda priorizar el alojamiento de personas detenidas en comisarías y alcaidías porteñas, en lugar de avanzar con el traslado de la población de Devoto previsto por el Gobierno.

Otro de los requerimientos apunta a los fundamentos legales de las intervenciones del organismo en decisiones que Bullrich considera propias de la administración penitenciaria del Poder Ejecutivo.

### El fallo judicial rechazó el hábeas corpus, pero estableció condiciones

La disputa también llegó a los tribunales. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo y correctivo presentado por la Procuración por los traslados de detenidos a Marcos Paz.

La presentación comprendía a 326 internos. La PPN había cuestionado que algunos movimientos se realizaran sin comunicar previamente los destinos a las defensas y a los juzgados intervinientes. Además, advirtió sobre las consecuencias para quienes cursaban estudios en el Centro Universitario Devoto, mediante el programa UBA XXII, y para los detenidos que tenían salidas transitorias.

En primera instancia, el juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60, rechazó la acción siguiendo el dictamen del fiscal Pablo Recchini. Consideró que no se había acreditado una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.

La Cámara confirmó esa decisión al entender que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados realizados. Sin embargo, señaló que las notificaciones no se habían ajustado completamente al protocolo vigente.

Por ese motivo, ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) cumplir con las comunicaciones previstas para los próximos movimientos, con al menos 72 horas de anticipación a las defensas y a los órganos judiciales correspondientes. También dispuso garantizar el ingreso del personal de la Procuración para inspeccionar y monitorear los establecimientos.

Tras conocerse la resolución, la PPN aclaró que no se opone al cierre de Devoto ni a la reorganización de las plazas penitenciarias. Según sostuvo, sus actuaciones buscan asegurar que el proceso se realice con planificación, transparencia y respeto por los derechos de las personas detenidas.

### Camas dobles, infraestructura y controles de seguridad

Los nueve requerimientos de Bullrich abarcan distintos aspectos de la política penitenciaria. Entre ellos, la senadora pide información sobre la eventual incorporación de camas dobles en los complejos federales de Ezeiza y Marcos Paz, además de los fundamentos técnicos y jurídicos de posibles cambios de posición frente a advertencias anteriores sobre hacinamiento y condiciones de alojamiento.

La iniciativa también solicita precisiones sobre una eventual transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de competencias penitenciarias relacionadas con delitos no federales y sobre la construcción de infraestructura modular con capacidad para 400 plazas adicionales en terrenos del Servicio Penitenciario Federal.

Otro de los puntos compara las inspecciones y las actuaciones judiciales impulsadas en establecimientos de fuerzas federales con las realizadas en dependencias de la Policía de la Ciudad.

Además, Bullrich requiere información sobre posibles vínculos entre integrantes o exintegrantes de la Procuración y áreas penitenciarias del Gobierno porteño. En particular, pregunta si exfuncionarios, exagentes o empleados del organismo con licencia desempeñan tareas en esas dependencias y qué mecanismos existen para preservar la independencia y la imparcialidad institucional.

El proyecto aclara que esta consulta no implica, por sí misma, la existencia de un conflicto de intereses.

El último apartado se refiere a las restricciones para ingresar teléfonos celulares particulares en sectores de máxima seguridad. La senadora solicita que Cejas Meliare explique la posición de la Procuración frente a las disposiciones vigentes y plantea que el ingreso de dispositivos en áreas restringidas puede afectar las medidas destinadas a combatir el crimen organizado desde las cárceles.

### El operativo trasladó a 609 detenidos en dos jornadas

El traslado de internos desde Devoto hacia Marcos Paz comenzó el domingo 11 de octubre, luego de años de demoras en la puesta en funcionamiento del nuevo complejo penitenciario federal.

Durante las primeras dos jornadas, el Servicio Penitenciario Federal trasladó a 609 personas, una cifra superior al 40 % de la población alojada en el penal porteño. El establecimiento de Marcos Paz tiene una capacidad total de 2.232 plazas.

Bullrich fundamenta su posición en el convenio interjurisdiccional acordado en 2018 y ratificado por la Legislatura porteña mediante la Resolución 100/LCABA/18. En su planteo, sostiene que la redistribución de los detenidos debe avanzar hacia establecimientos adecuados y respetar la planificación prevista para el cierre de Devoto.

Cejas Meliare está al frente de la Procuración Penitenciaria debido a la vacancia de la titularidad. La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso ratificó su continuidad el 20 de noviembre de 2024.

La PPN fue creada por la Ley 25.875 y cuenta con autonomía funcional y facultades para inspeccionar cárceles, examinar las condiciones de detención y promover medidas para proteger los derechos de las personas privadas de libertad.

Mientras el proyecto de Bullrich espera su tratamiento parlamentario, el proceso de traslado deberá ajustarse a las condiciones fijadas por la Justicia, que rechazó el hábeas corpus colectivo, pero ordenó respetar las notificaciones previas y garantizar el acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.