Colombia sale a las calles contra De la Espriella y cuestiona el nuevo protocolo policial
Sindicatos, docentes y sectores opositores se movilizaron en Bogotá y otras ciudades tras una convocatoria de Gustavo Petro. La protesta coincide con cambios en las reglas sobre el uso de la fuerza policial.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfrenta su primera gran jornada de protestas desde que asumió el poder hace dos meses. Sindicatos, organizaciones sociales y sectores de la oposición se movilizaron este miércoles en Bogotá y otras ciudades para expresar su rechazo a las políticas del nuevo Gobierno.
La convocatoria fue impulsada por el expresidente Gustavo Petro, quien advirtió sobre la posibilidad de que la administración actual busque reducir el salario mínimo, una medida que, según sostuvo, podría aumentar la pobreza.
También se sumaron organizaciones sindicales, entre ellas el gremio docente, que cuestiona decisiones del Ejecutivo por considerar que afectan las condiciones laborales, la educación pública y el derecho a manifestarse.
La movilización se desarrolla en un contexto de tensión por la modificación del protocolo policial para intervenir durante las protestas, una medida que generó preocupación entre organizaciones sociales y referentes opositores.
Cambios en las reglas para el uso de la fuerza
El Gobierno publicó el martes un decreto que modifica las condiciones de actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. La nueva normativa permite la intervención policial sin que necesariamente se haya agotado previamente el diálogo y contempla la posibilidad de retomarlo una vez que cesen las acciones violentas.
Desde la administración de De la Espriella sostienen que los cambios buscan garantizar los derechos de quienes participan pacíficamente en las movilizaciones y establecer límites frente a los episodios de violencia.
“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos”, afirmó el mandatario en una publicación en X.
El presidente también aseguró que quienes se manifiesten de manera pacífica contarán con garantías, mientras que quienes incurran en hechos violentos enfrentarán las consecuencias legales correspondientes, con respeto al debido proceso.
Sin embargo, la modificación del protocolo despertó críticas de sectores de izquierda y movimientos sociales, que advierten sobre el riesgo de un uso excesivo de la fuerza. Entre sus preocupaciones mencionan los episodios de violencia registrados durante las protestas multitudinarias de 2021, en las que integrantes de las fuerzas de seguridad estuvieron involucrados en lesiones y muertes de manifestantes.
La congresista Jennifer Pedraza presentó una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la anulación del decreto, al considerar que sus disposiciones son regresivas e inconstitucionales.
La oposición cuestiona las políticas del Gobierno
Las manifestaciones también reflejan el rechazo a otras decisiones de la administración de De la Espriella. Entre los cuestionamientos figuran sus políticas de mano dura contra el narcotráfico, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel, interrumpidas durante el Gobierno de Petro, y los acercamientos con Estados Unidos, que algunos sectores consideran un riesgo para la soberanía colombiana.
Durante una concentración en Bogotá, Ester Guerra, una docente de 32 años, expresó su preocupación por la posibilidad de perder derechos y conquistas sociales alcanzadas en los últimos años.
Petro, quien fue el primer presidente de izquierda de Colombia, impulsó durante su gestión la ampliación del acceso gratuito a la universidad pública, aumentos del salario mínimo y beneficios laborales, entre ellos el pago adicional por horas nocturnas.
En ese contexto, los manifestantes temen que las nuevas políticas impliquen un retroceso en materia social y laboral.
También protestan las comunidades indígenas
La jornada incluyó movilizaciones de comunidades indígenas contra un proyecto de regulación de la guardia indígena, una organización civil dedicada a la defensa de los territorios ancestrales, especialmente en regiones afectadas por el conflicto armado.
José Joy Martenorio, coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca, cuestionó la orientación del Gobierno y afirmó que no representa las demandas de los pueblos indígenas.
Mientras cientos de personas se concentraban en el centro de Bogotá, el tránsito en la capital se mantenía tranquilo. Algunas empresas recomendaron a sus empleados trabajar de manera remota y varios colegios suspendieron las clases.
Además de las críticas por las políticas de seguridad y las reformas sociales, De la Espriella enfrenta cuestionamientos por una presunta falta de transparencia en el manejo de fondos aportados por privados para asistir a los damnificados del terremoto que afectó el oeste del país el 10 de agosto. Los recursos están bajo la responsabilidad de su esposa.
La jornada representa una primera prueba para el Gobierno frente a la movilización social y también pone en el centro del debate la aplicación del nuevo protocolo policial durante las protestas.
