Diputados aprobó cambios en la propiedad privada y mantuvo las restricciones para vender tierras a extranjeros
La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Tras modificar el proyecto, la Cámara baja deberá enviarlo nuevamente al Senado para su tratamiento.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo, aunque durante el debate La Libertad Avanza debió aceptar cambios vinculados con la venta de tierras a extranjeros.
La votación terminó con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Las abstenciones de los diputados de Córdoba resultaron determinantes para que el Gobierno consiguiera la aprobación.
Uno de los principales cambios fue la reincorporación de la ley de tierras de 2011, que establece restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros. La Libertad Avanza buscaba derogar esa normativa, pero finalmente cedió en ese punto para avanzar con el resto de la iniciativa.
Además, durante el debate se discutió la eliminación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Con las modificaciones introducidas, el proyecto deberá regresar al Senado, que tendrá que decidir si acepta los cambios de Diputados o insiste con la versión original.
Qué establece la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Entre sus principales disposiciones, el proyecto fija requisitos más estrictos para que el Estado pueda realizar expropiaciones. Para avanzar con una medida de este tipo, el bien deberá contar con una declaración de utilidad pública y el propietario tendrá que recibir previamente una indemnización calculada a valor de mercado.
La iniciativa también contempla el reconocimiento del lucro cesante. Sus críticos sostienen que estas condiciones podrían dificultar la ejecución de obras públicas que requieran incorporar propiedades privadas.
Desalojos con plazos más breves
Otro de los ejes del proyecto es la agilización de los desalojos de inmuebles ocupados mediante procedimientos judiciales sumarísimos. La propuesta contempla un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad.
Según explicó el diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio, la intención es facilitar la restitución de los inmuebles a sus propietarios. El legislador sostuvo que la ocupación de viviendas desalienta la oferta de alquileres.
En los inmuebles destinados a vivienda, el locador deberá intimar formalmente al inquilino para que pague la deuda y concederle un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción de la notificación. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar el proceso de desalojo, que tendrá un plazo adicional de diez días hábiles.
Para los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, también se prevé la posibilidad de obtener la desocupación inmediata mediante caución juratoria. Si posteriormente se demuestra que el propietario ocultó información o documentación para conseguirla, podrá recibir una multa de hasta diez veces el valor del alquiler mensual, que deberá pagar a la contraparte.
Cuando en la vivienda residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para garantizar una alternativa habitacional transitoria. Esa respuesta tendrá un plazo máximo de diez días y no suspenderá el proceso judicial principal.
