Dos agentes del Servicio Penitenciario de Catamarca denunciaron violencia de género y abuso de autoridad
Las trabajadoras presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General a mediados de septiembre. Señalan presunto hostigamiento laboral, cambios arbitrarios de funciones y perjuicios profesionales y económicos.
Dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial de Catamarca (SPP) presentaron denuncias penales contra la Dirección del Gabinete Técnico Criminológico por presuntos hechos de violencia laboral e institucional, violencia de género, discriminación y abuso de autoridad.
Las presentaciones fueron realizadas ante la Fiscalía General a mediados de septiembre. Según la documentación aportada por las denunciantes, las situaciones de hostigamiento se habrían prolongado en el tiempo e incluirían comentarios hostiles, asignación de tareas ajenas a sus funciones y modificaciones en sus destinos laborales y horarios sin justificación formal.
Presuntos desplazamientos y perjuicios económicos
Uno de los principales planteos de las trabajadoras apunta a que, luego de capacitarse y obtener títulos profesionales, habrían sido desplazadas de manera sistemática de los espacios laborales que ocupaban.
También denunciaron evaluaciones de desempeño desfavorables que, según sostienen, no contarían con fundamentos claros ni una motivación administrativa válida.
Las agentes señalaron que estas decisiones habrían afectado la posibilidad de compatibilizar sus tareas penitenciarias con otras actividades laborales, además de ocasionarles perjuicios económicos y alterar sus tiempos de descanso legal.
De acuerdo con lo expuesto por las profesionales, las situaciones denunciadas no serían casos aislados. Afirmaron que las dinámicas de hostigamiento afectarían especialmente al personal femenino, aunque también podrían alcanzar a trabajadores varones.
Temor a represalias y situación de la investigación
Una de las denunciantes decidió hacer público el caso para visibilizar lo que considera un trato sistemáticamente indebido hacia las mujeres dentro de las fuerzas provinciales.
Según trascendió, las trabajadoras demoraron en recurrir a la Justicia por temor a posibles represalias en sus ámbitos laborales. Esa preocupación, advirtieron, también podría desalentar a otros integrantes de la institución a presentar denuncias similares.
En el ámbito administrativo, al menos una de las agentes fue convocada por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía provincial. Sin embargo, la declaración debió interrumpirse debido al estado emocional de la trabajadora.
Hasta el momento, no se informaron nuevas citaciones ni avances sustanciales en las causas. Se espera que el Ministerio Público Fiscal profundice la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.
El marco legal de las denuncias
El caso se encuentra bajo análisis de la Justicia provincial en el marco de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos.
El artículo 6 de esa normativa contempla la violencia laboral cuando se producen situaciones de discriminación que obstaculizan el acceso, la permanencia o el desarrollo profesional de las mujeres, mediante hostigamiento psicológico sistemático, exigencias infundadas o afectaciones de sus condiciones laborales y salariales.
La investigación deberá establecer si los hechos denunciados ocurrieron y si corresponden responsabilidades por parte de las autoridades señaladas.
