El Gobierno modificó el proyecto sobre Malvinas y acotó las sanciones tras advertencias de Estados Unidos
La nueva versión limita las penalidades a empresas y accionistas directamente vinculados con explotaciones ilegales en territorio argentino. También incorpora cambios en los controles sobre inversiones extranjeras y en las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye medidas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas. Los cambios se produjeron después de que Estados Unidos advirtiera sobre el posible impacto de las sanciones previstas en la iniciativa sobre sus empresas.
Con las modificaciones, el oficialismo busca limitar las responsabilidades y reunir el respaldo necesario para avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes 27 de octubre a las 16.
La negociación con los bloques cercanos al Gobierno quedó a cargo de la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mantuvo conversaciones para acercar posiciones antes del tratamiento legislativo.
Sanciones limitadas a los participantes directos
La versión original del proyecto contemplaba sanciones para empresas y Estados extranjeros que explotaran ilegalmente recursos argentinos en las Islas Malvinas.
Uno de los puntos centrales está relacionado con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas, a través del proyecto Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas.
Tras las advertencias de la administración estadounidense, el Ejecutivo aceptó restringir las penalidades a las operadoras directas, las licenciatarias, sus proveedores y los accionistas que participen directamente en los proyectos considerados ilegales en territorio argentino.
De esta manera, los fondos de inversión con participaciones indirectas en las empresas explotadoras quedarían excluidos de responsabilidad bajo ese esquema.
El proyecto mantiene la creación del Consejo de Seguridad Nacional
Pese a los cambios en el régimen de sanciones, la iniciativa conserva la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que tendrá como función coordinar las estrategias de defensa, inteligencia y seguridad interior.
El Consejo será presidido por el jefe de Estado y tendrá facultades para controlar, aceptar o rechazar inversiones promovidas por Estados extranjeros y empresas con capitales de ese origen en sectores estratégicos.
Entre las áreas contempladas figuran defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
Como parte de las negociaciones con los bloques aliados, el Gobierno también aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso. Su función será auditar las decisiones y los procedimientos del nuevo organismo.
Además, el Ejecutivo deberá informar a esa comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo.
Cambios en las penas por interferencia extranjera
Otra modificación alcanza al artículo que establece penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.
La nueva redacción excluye expresamente de esas sanciones al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
El cambio respondió a planteos de sectores cercanos al oficialismo, entre ellos la Unión Cívica Radical, y a cuestionamientos formulados por Unión por la Patria.
La iniciativa también incorpora al Ministerio de Seguridad como integrante permanente del Consejo de Seguridad Nacional y precisa las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo.
Continúan las diferencias sobre el tratamiento del proyecto
Pese a las modificaciones, Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas mantienen su pedido para dividir la iniciativa en dos partes.
La propuesta consiste en separar las disposiciones relacionadas con Malvinas y la defensa de la soberanía de aquellas que reforman los sistemas de inteligencia, defensa y seguridad interior, la protección de infraestructura crítica y los delitos vinculados con la desinformación.
El oficialismo, en cambio, sostiene la necesidad de tratar todos los puntos en conjunto bajo el expediente 0010-PE-2026.
La reunión prevista para este martes será clave para determinar si La Libertad Avanza consigue las firmas necesarias para emitir un dictamen de mayoría y avanzar con el proyecto hacia el recinto. En caso contrario, podría convocarse a un nuevo encuentro para continuar las negociaciones.
