El Gobierno reformula el proyecto de soberanía por falta de apoyos y apunta a debatirlo la próxima semana
El oficialismo aceptó modificar artículos cuestionados por aliados políticos y sectores de Estados Unidos. La iniciativa podría tratarse en Diputados el 28 de octubre, tras su paso por comisión.
El Gobierno de Javier Milei resolvió introducir cambios en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra empresas y potencias extranjeras involucradas en la explotación ilegal de recursos argentinos en las Islas Malvinas. La decisión se tomó después de que el oficialismo no consiguiera los respaldos necesarios para avanzar con un dictamen unificado en la Cámara de Diputados.
El texto, impulsado por los equipos técnicos que responden al asesor presidencial Santiago Caputo, recibió cuestionamientos por el alcance de las atribuciones que contemplaba. Legisladores del PRO y del MID expresaron reparos sobre algunos artículos, mientras que sectores vinculados al Gobierno de Estados Unidos manifestaron preocupación por las disposiciones que podían afectar inversiones en infraestructura.
Cambios en el régimen de sanciones
Entre las modificaciones acordadas, el Ejecutivo decidió limitar las sanciones a las operadoras directas, las empresas licenciatarias, sus proveedores y los accionistas directos de los proyectos. De esta manera, los fondos de inversión indirectos que tengan participación en esas compañías quedarían excluidos de responsabilidad.
Desde el Gobierno justificaron el cambio al señalar que una definición más acotada permitiría evitar procesos judiciales prolongados y posibles complicaciones para empresas nacionales.
También se incorporó la facultad del futuro Consejo de Seguridad Nacional para evaluar, aprobar o rechazar inversiones promovidas por Estados extranjeros y empresas con capitales de esos países. El organismo, integrado exclusivamente por representantes del Poder Ejecutivo, tendría así la potestad de autorizar o impedir el ingreso de nuevas inversiones.
Para responder a los reclamos de los sectores dialoguistas, el oficialismo aceptó además crear una comisión bicameral en el Congreso que pueda auditar las decisiones y los procedimientos del Consejo, de manera similar a los controles previstos para el área de Inteligencia.
Alcance de las Fuerzas Armadas y cambios en el artículo 111
El proyecto también delimitará la intervención de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructuras críticas, con el objetivo de que actúen únicamente cuando esté amenazada la Defensa nacional.
A su vez, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, pasará a integrar de manera permanente el Consejo de Seguridad Nacional. El texto también precisará las competencias de la Prefectura Naval y del Comando Conjunto Marítimo, aunque no establecerá una regla de intervención primaria y subsidiaria.
Otro de los puntos modificados es el artículo 111, que contempla penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, una organización o un agente, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva o promover y financiar actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes.
Con la nueva redacción, quedarán expresamente excluidas de ese grupo de conductas las actividades periodísticas, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
Negociaciones políticas y diferencias dentro del oficialismo
Las modificaciones surgieron después de negociaciones con gobernadores y legisladores dialoguistas, en un contexto de diferencias dentro de la propia conducción política del Gobierno sobre el momento adecuado para avanzar con el debate.
Durante una reunión de la mesa política oficialista, Patricia Bullrich manifestó su desacuerdo con el tratamiento legislativo de la iniciativa. La titular del bloque libertario en el Senado consideró inconveniente avanzar con la discusión en ese momento, al entender que podría generar consecuencias políticas para el oficialismo.
En cambio, otro sector de la conducción sostuvo que era necesario acelerar el trámite para evitar que el proyecto quedara asociado discursivamente a un pedido de Estados Unidos.
En paralelo, el embajador Peter Lamelas se comunicó con altos funcionarios de la administración libertaria para solicitar explicaciones sobre la iniciativa. También realizaron gestiones autoridades de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Aunque Santiago Caputo cuestionó públicamente información periodística sobre presiones de la administración de Donald Trump, el Gobierno reconoció que existieron planteos vinculados con el alcance de la propuesta.
Las fechas previstas para el tratamiento
El oficialismo busca llevar el proyecto a comisión el martes 27 de octubre y debatirlo al día siguiente en el recinto de Diputados, siempre que las negociaciones avancen según lo previsto.
En la mesa política del Gobierno calculan que podrían reunir entre 135 y 140 votos. Esa estimación contempla el respaldo de los 14 gobernadores que acompañaron a Javier Milei durante su viaje a París.
Sin embargo, todavía quedan algunos detalles por cerrar antes de que la iniciativa pueda avanzar en el Congreso.
