GUARAZ SERÁ JUZGADO POR LA CLAUSURA DE UN COMERCIO EN BAÑADO DE OVANTA
El exintendente de Santa Rosa está acusado de abuso de autoridad. La Fiscalía sostiene que ordenó el cierre como represalia contra la propietaria por rechazar sus insinuaciones.
Ramón Elpidio Guaraz, exintendente de Santa Rosa, enfrentará este jueves 15 de octubre un nuevo juicio en Catamarca por presunto abuso de autoridad. La causa está vinculada con la clausura del bar-hospedaje “San Antonio”, en Bañado de Ovanta. Según la acusación fiscal, el exfuncionario dispuso el cierre como represalia contra su propietaria, Shirli Claribel Cordero, por rechazar sus insinuaciones amorosas y sexuales.
La investigación se inició a partir de la denuncia de la comerciante. El Ministerio Público Fiscal sostiene que, el 6 de mayo de 2021, Guaraz firmó el Decreto Municipal N° 23/2021 y ordenó la clausura total y preventiva del establecimiento. También le atribuye haber impedido deliberadamente que Cordero regularizara deudas por tasas municipales, mediante el bloqueo de los procedimientos administrativos necesarios.
En octubre de 2021, la Corte de Justicia de Catamarca dejó sin efecto el decreto por unanimidad, al considerar que la clausura carecía de sustento legal. Esa resolución permitió que el comercio reabriera. Aunque la denuncia inicial incluía señalamientos de acoso sexual, extorsión y coacción, la causa llegó a juicio bajo la calificación de abuso de autoridad, conforme a los artículos 248 y 45 del Código Penal.
Guaraz afrontará este proceso mientras cumple una condena firme de nueve años de prisión en el Penal de Miraflores. En septiembre de 2024 fue sentenciado por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada. Esa condena corresponde a delitos cometidos en 2019 contra una persona que entonces era menor de edad.
La sentencia quedó firme el 3 de febrero de 2026, cuando la Sala Penal de la Corte de Justicia rechazó por unanimidad el recurso extraordinario federal presentado por su defensa. Después de esa decisión, el exintendente fue detenido en su finca de Santa Rosa y trasladado al Servicio Penitenciario Provincial. El nuevo juicio deberá determinar su responsabilidad penal por la clausura del establecimiento de Cordero.
