INVESTIGAN AMENAZAS DE MUERTE CONTRA FAMILIARES DE UNA JOVEN ACUSADA DE BULLYING EN CATAMARCA
La Fiscalía recibió denuncias por intimidaciones, amenazas de violencia sexual y difusión de datos personales. Se dispusieron medidas de protección y el resguardo de evidencia digital para identificar a los responsables.
La Fiscalía de Instrucción N° 7, a cargo de Paola González Pinto, investiga nuevas denuncias por amenazas de muerte y violencia sexual contra familiares y allegados de una adolescente señalada por presuntos hechos de bullying hacia una estudiante del Colegio Privado Pía Didoménico, en Catamarca. Las presentaciones fueron realizadas entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre, mientras continúa la investigación inicial por el hostigamiento denunciado a través de un video difundido en redes sociales.
Según las denuncias recibidas, los familiares y allegados de la joven investigada fueron víctimas de intimidaciones mediante llamadas telefónicas, mensajes y plataformas digitales. También denunciaron el envío de imágenes violentas y la difusión de domicilios y números de teléfono. Ante esta situación, la fiscal dispuso medidas de protección para los denunciantes, incluyendo rondas policiales preventivas en sus domicilios, además del resguardo de evidencia digital y la solicitud de informes sobre las comunicaciones recibidas.
La investigación original se inició a partir de una presentación de la Asesoría de Menores por los hechos de hostigamiento denunciados contra una estudiante del establecimiento educativo. La fiscal González Pinto, responsable de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, ordenó preservar y secuestrar el material digital relacionado con el caso. Paralelamente, existen actuaciones ante el fuero penal juvenil que se desarrollan bajo reserva legal para proteger la identidad de las personas menores de edad. La adolescente afectada cuenta con medidas de protección y acompañamiento.
El Ministerio Público informó que cada una de las nuevas denuncias será investigada para determinar la identidad de los responsables, incluso cuando las amenazas hayan sido realizadas mediante perfiles falsos o anónimos. El organismo advirtió que las intimidaciones y la difusión de información personal con fines amenazantes pueden constituir delitos, independientemente del conflicto que dio origen a las actuaciones judiciales.
Finalmente, la Fiscalía solicitó a la ciudadanía evitar la difusión del video, las imágenes, los nombres y cualquier información que permita identificar a las personas involucradas. Desde el Ministerio Público señalaron que compartir ese contenido incrementa la exposición de los afectados y no contribuye al esclarecimiento de los hechos, especialmente cuando existen adolescentes involucrados en investigaciones protegidas por la reserva legal.
