La condena millonaria por YPF quedó anulada, pero el litigio en Estados Unidos continúa
La jueza Loretta Preska formalizó el cierre del expediente en primera instancia tras la revocación de la sentencia contra Argentina. Ahora, la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si revisa el fallo.
La Justicia de Estados Unidos dejó formalmente sin efecto la condena millonaria contra la Argentina por la expropiación de YPF. La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dispuso el cierre del expediente en primera instancia, en cumplimiento de una decisión de la Cámara de Apelaciones que había revocado la indemnización establecida en 2023.
El fallo original obligaba al Estado argentino a pagar más de US$ 16.100 millones. Sin embargo, aunque esa condena quedó anulada, el conflicto judicial todavía no terminó: Burford Capital presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la decisión.
Qué debe resolver la Corte Suprema
A comienzos de octubre, Burford Capital, el fondo que financia el reclamo de los demandantes, solicitó que el máximo tribunal estadounidense revise la resolución de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
El objetivo es recuperar la condena indemnizatoria que había sido dictada contra la Argentina. No obstante, la presentación del recurso no implica que la Corte Suprema vaya a intervenir automáticamente, ya que primero deberá decidir si acepta analizar el caso.
Si rechaza el pedido, seguirá vigente la resolución que anuló la indemnización. En cambio, si admite el recurso, el litigio podría avanzar hacia una nueva instancia judicial.
Por el momento, no hay una fecha definida para conocer la decisión del máximo tribunal.
Por qué se anuló la indemnización
En septiembre de 2023, Preska había ordenado que el Estado argentino pagara más de US$ 16.100 millones a los demandantes por la nacionalización de YPF. Con los intereses acumulados, el monto había superado los US$ 18.000 millones.
La controversia se originó en 2012, cuando el Estado argentino tomó el control del 51% de las acciones de la petrolera. Los demandantes argumentaron que el país había incumplido las disposiciones del estatuto de YPF al no realizar una oferta pública de adquisición dirigida a los accionistas minoritarios.
El 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia. La mayoría de sus integrantes consideró que la jueza había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino al resolver el reclamo.
Posteriormente, en junio, el tribunal rechazó un nuevo pedido de los demandantes para revisar esa resolución. Tras ese resultado, Burford y las sociedades vinculadas al reclamo acudieron a la Corte Suprema.
El origen del reclamo contra el Estado argentino
La disputa judicial comenzó después de la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Los reclamos fueron impulsados por Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park. Las dos primeras sociedades están vinculadas a la familia Eskenazi.
Los demandantes sostuvieron que el Estado no había respetado los derechos de los accionistas minoritarios y reclamaron una compensación económica. Burford Capital financia el litigio y participa de los derechos económicos asociados a las demandas.
En paralelo, el fondo también promueve acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.
El alcance de la decisión judicial
El cierre formal del expediente en primera instancia representa un nuevo paso en el proceso judicial, pero no elimina la posibilidad de que la controversia continúe en Estados Unidos.
La situación dependerá de lo que resuelva la Corte Suprema sobre el recurso presentado por Burford Capital. Hasta entonces, permanece vigente la decisión de la Cámara de Apelaciones que dejó sin efecto la indemnización millonaria contra la Argentina.
