La Justicia analiza el acceso de Adorni a billeteras y una denuncia pone la mira en Energía
Una pericia confirmó que Manuel Adorni puede administrar actualmente las billeteras virtuales investigadas, mientras la PIA denunció posibles irregularidades vinculadas con Harbour Energy.
La Justicia confirmó que la defensa de Manuel Adorni posee actualmente las claves de acceso a ocho direcciones de billeteras virtuales en las que se registraron movimientos por más de US$500.000 entre 2014 y 2018.
La verificación criptográfica se realizó en la sede de la Fiscalía Federal N.º 11, a cargo de Gerardo Pollicita, y permitió establecer que la defensa puede generar firmas válidas para administrar esas direcciones.
Sin embargo, la medida no permite determinar quién tenía el control de las billeteras durante el período en el que se realizaron los movimientos investigados. Por ese motivo, el Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina deberá responder un cuestionario elaborado por la Fiscalía.
El peritaje contempla 41 movimientos y ocho direcciones registrados entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018. Entre las cuestiones que deberán analizar los especialistas se encuentra si es posible establecer desde cuándo se encuentran en poder de Adorni las claves y si quien las posee actualmente es la misma persona que las controlaba durante esos años.
La investigación busca determinar el origen del dinero que no había sido declarado hasta la última ratificación patrimonial de Adorni.
Una segunda investigación alcanza a funcionarios de Energía
En paralelo, una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) involucra a funcionarios del área de Energía y a Harbour Energy Argentina.
La presentación pone bajo análisis el ingreso de la empresa al registro de compañías petroleras, pese a una sanción que, según la denuncia, había sido aplicada en 2013 por realizar actividades hidrocarburíferas cerca de Malvinas sin autorización del Gobierno argentino.
La denuncia alcanza a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; a su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo; al subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller; y a Harbour Energy Argentina.
Según el diputado nacional Maximiliano Ferraro, Harbour Energy es la misma persona jurídica que Premier Oil y se encontraba inhabilitada para operar en Argentina hasta 2028.
Ferraro cuestionó además dos decisiones relacionadas con la empresa. Una corresponde a 2024, cuando se aprobó la cesión del 2,5% del área offshore Tauro-Sirius, en la Cuenca Austral frente a Tierra del Fuego. La otra se vincula con una autorización otorgada en abril a Southern Energy para exportar GNL y con los beneficios del RIGI para un proyecto de USD 2.825 millones en Río Negro, donde Harbour posee una participación accionaria.
El legislador sostuvo que la Ley 26.659 también alcanza a los accionistas y que el Estado no puede beneficiar a una empresa inhabilitada.
La denuncia plantea posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y cohecho.
La causa tramita en los tribunales de Comodoro Py, ante el Juzgado Federal N.º 11, interinamente a cargo del juez Ariel Lijo. El fiscal es Carlos Stornelli.
