Multan al jefe de Gabinete por día por incumplir una orden judicial sobre el financiamiento universitario
El juez Martín Cormick fijó una sanción de $100.000 diarios para Diego Santilli por la falta de actualización de salarios docentes y no docentes y de fondos para becas. La medida se conoce antes de una nueva marcha universitaria.
La Justicia federal impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles.
La decisión fue tomada este miércoles por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien consideró que el Gobierno no cumplió con lo ordenado judicialmente. La sanción se estableció inicialmente por ese monto diario, aunque el magistrado advirtió que tanto la suma como los funcionarios alcanzados podrían modificarse.
La resolución se produjo luego de dos advertencias previas al Estado nacional y en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Una cautelar que continúa vigente
La medida judicial establece obligaciones vinculadas con la actualización de los salarios universitarios y la recomposición de las becas estudiantiles. Aunque el Gobierno apeló la decisión que declaró inconstitucional una disposición del decreto 759/2025, la cautelar continúa vigente mientras el expediente principal es analizado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El juez Cormick había intimado al Estado a cumplir con lo dispuesto en un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre. Posteriormente, concedió una prórroga por un período equivalente.
Ante la falta de cumplimiento denunciada, el Consejo Interuniversitario Nacional solicitó que se aplicaran sanciones económicas diarias y progresivas por cada jornada de demora.
La entidad sostuvo que el Estado seguía sin acatar la medida cautelar, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026. Frente a ese planteo, el magistrado resolvió hacer efectiva la advertencia e imponer la multa al titular de la Jefatura de Gabinete.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La normativa dispone que los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas debían adecuarse en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025.
Según los parámetros contemplados en la ley, esa recomposición representaría un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
Además, establece que las remuneraciones deben actualizarse mensualmente de acuerdo con la evolución del IPC y que las becas estudiantiles deben ser recompuestas y actualizadas.
Los argumentos del Gobierno
En su apelación, el Estado nacional sostuvo que la medida judicial le impone afrontar pagos sin que estén determinados con precisión los montos adeudados ni el alcance concreto de las obligaciones. Por ese motivo, solicitó que el recurso tuviera efecto suspensivo, pedido que fue rechazado por el juez.
El Gobierno también argumentó que había presentado un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la decisión judicial y señaló que, desde diciembre de 2023, se habían incrementado las partidas destinadas a los salarios universitarios.
Según los datos expuestos en su presentación, con el aumento del 21,33% dispuesto en junio de 2026, la suba acumulada alcanzó el 226,80%. Esa cifra, de acuerdo con la interpretación oficial, superaba el 226,40% correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
Asimismo, la administración nacional indicó que convocó a la paritaria trimestral prevista en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. En ese ámbito, propuso un incremento del 3% para septiembre de 2026, complementario de otro aumento del mismo porcentaje acordado en junio, con impacto en los salarios de octubre.
Para el Gobierno, ambas actualizaciones representarían una recomposición superior al 6%, vinculada con la inflación registrada entre junio y agosto.
Por último, cuestionó el criterio que llevaría a exigir un aumento salarial acumulado del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Según argumentó, ese porcentaje no está contemplado en el Presupuesto 2026 y el Estado no dispone de partidas aprobadas por el Congreso para afrontar una suba de esa magnitud.
La multa dispuesta por Cormick se enmarca en la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras continúa el trámite del expediente principal y las universidades reclaman el cumplimiento de la normativa.
