ORO ARGENTINO BAJO LA LUPA: PIDEN ALLANAR EL BANCO CENTRAL
El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia contra funcionarios nacionales y solicitó acceder a contratos y correos del organismo. Busca determinar si las operaciones realizadas en 2025 provocaron un perjuicio económico al Estado.
El abogado Gregorio Dalbón solicitó a la Justicia el allanamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco de una denuncia por operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas. El pedido incluye el secuestro o la copia forense de servidores y correos institucionales para reunir documentación sobre las transacciones realizadas durante 2025.
La ampliación de la denuncia involucra al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, y a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente del área e integrante del directorio del organismo.
El planteo se apoya en un informe de la Auditoría General de la Nación y apunta a esclarecer cómo se concretaron las operaciones, qué entidades financieras participaron y bajo qué condiciones fueron elegidas.
Dalbón pidió investigar posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También solicitó evaluar una posible asociación ilícita si se comprobara una estructura organizada para cometer delitos. Se trata de las hipótesis planteadas por el denunciante, no de responsabilidades probadas.
Uno de los puntos centrales es la presunta participación del banco alemán Deutsche Bank como contraparte. Según la hipótesis incorporada en la presentación, se habría otorgado a terceros el derecho de comprar oro a un precio superior a los USD 3.000 por onza, mientras su cotización superaba los USD 4.000.
Esa descripción de los contratos deberá ser corroborada: el propio escrito señala que no surge del informe de la Auditoría General de la Nación.
La presentación también solicita establecer si las entidades participantes cobraron comisiones, honorarios u otros beneficios indebidos y si las condiciones pactadas ocasionaron pérdidas para el Estado.
El allanamiento es una medida solicitada por Dalbón y no una orden judicial confirmada. El acceso a los contratos y registros del Banco Central permitiría determinar las características de las operaciones y si existió un perjuicio económico.
