Piden seis meses de prisión preventiva para el ex fiscal general de Bolivia
La Fiscalía imputó a Roger Mariaca y a otros tres detenidos por tráfico de sustancias controladas y organización criminal, tras un operativo que derivó en catorce aprehensiones.
El Ministerio Público de Bolivia solicitó este viernes seis meses de prisión preventiva para el ex fiscal general Roger Mariaca y otros tres imputados, en el marco de una investigación por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
La medida alcanza también a Alberto Zeballos, Martín Irusta y al agente de Policía Rubén Aparicio. La Fiscalía pidió que permanezcan detenidos mientras avanzan las investigaciones, en los centros penitenciarios de San Pedro y Patacamaya.
El pedido fue informado por el viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, durante una sesión de la Asamblea Legislativa. La situación se produjo luego de la detención de Mariaca, quien ocupaba el cargo de fiscal general desde 2024 y tenía un mandato de seis años.
Una disputa por la conducción de la Fiscalía
La aprehensión de Mariaca desencadenó además una disputa institucional sobre quién debía asumir temporalmente la conducción del Ministerio Público.
Tras la detención, el fiscal superior Luis Montaño se presentó ante medios locales como titular interino de la Fiscalía General. Argumentó que le correspondía ocupar esa función debido a que era el fiscal de mayor antigüedad.
En un primer momento, el Ministerio Público reconoció su titularidad mediante un comunicado. Sin embargo, el Gobierno cuestionó posteriormente esa decisión y rechazó que Montaño pudiera asumir el cargo de manera provisional.
El vocero presidencial José Luis Gálvez acusó a Montaño de haberse atribuido funciones que no le correspondían y sostuvo que había intentado destituir fiscales y cerrar el sistema institucional para impedir la recepción de denuncias.
La legislación boliviana establece que, ante una ausencia temporal del fiscal general, el funcionario con mayor antigüedad puede asumir de manera transitoria. No obstante, especialistas en derecho constitucional señalaron que la detención de Mariaca configuraba una situación excepcional y consideraron que la Asamblea Legislativa debía intervenir para resolver la sucesión.
Acusaciones contra Mariaca
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, también formuló fuertes acusaciones contra Mariaca. El Gobierno sostuvo que el ex fiscal general habría encabezado una organización destinada a brindar protección a actividades vinculadas con el narcoterrorismo en el país.
Desde la oposición, la senadora Tomasa Yarhui reclamó una definición institucional inmediata en caso de confirmarse un vacío de poder en la Fiscalía. Planteó que la Asamblea debía elegir cuanto antes a un nuevo titular del Ministerio Público.
La crisis también tuvo repercusiones en la Fiscalía de La Paz. Luis Carlos Torrez, fiscal departamental de esa jurisdicción, presentó su renuncia luego de que la Policía registrara oficinas de la institución mientras continuaban las actuaciones relacionadas con la investigación.
