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POSTERGAN PARA EL 22 DE OCTUBRE EL NUEVO JUICIO CONTRA ELPIDIO GUARAZ

El exintendente de Santa Rosa cambió de abogados y se reprogramó el inicio del debate. Está acusado de abuso de autoridad por la clausura de un comercio en Bañado de Ovanta.

POSTERGAN PARA EL 22 DE OCTUBRE EL NUEVO JUICIO CONTRA ELPIDIO GUARAZ

El exintendente de Santa Rosa cambió de abogados y se reprogramó el inicio del debate. Está acusado de abuso de autoridad por la clausura de un comercio en Bañado de Ovanta.

El segundo juicio contra el exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, comenzará el próximo 22 de octubre en el Juzgado Correccional N.º 1. El debate estaba previsto para este jueves 15, pero fue postergado tras la designación de nuevos abogados defensores.

Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros asumieron la representación del acusado en reemplazo de Luciano Rojas. La modificación de la fecha permitirá que los profesionales accedan al expediente y analicen las pruebas del proceso.

Guaraz será juzgado por el presunto delito de abuso de autoridad, a raíz de la clausura preventiva del hospedaje y playa de estacionamiento “San Antonio”, ubicado en Bañado de Ovanta y administrado por Shirli Claribel Cordero.

La causa se remonta a mayo de 2021, cuando el entonces intendente firmó el Decreto Municipal N.º 23/2021 para ordenar el cierre del establecimiento. La acusación sostiene que previamente habría bloqueado los procedimientos administrativos para impedir que la comerciante regularizara sus deudas tributarias.

Para la Fiscalía, la clausura habría tenido como finalidad perjudicar a Cordero después de que rechazara reiterados acercamientos personales y propuestas de índole sexual atribuidas al exjefe comunal. Esa acusación será examinada durante el juicio.

En octubre de 2021, la Corte de Justicia de Catamarca dejó sin efecto el decreto de clausura por unanimidad, lo que permitió la reapertura del establecimiento.

CUMPLE UNA CONDENA DE NUEVE AÑOS DE PRISIÓN

Guaraz afrontará este proceso mientras cumple una condena de nueve años de prisión, dictada en septiembre de 2024 por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada, cometidos contra una menor en 2019.

En febrero de 2026, la Sala Penal de la Corte provincial rechazó los planteos de su defensa, dejó firme esa sentencia y ordenó su traslado inmediato al penal de Miraflores. El nuevo debate corresponde a una causa distinta, vinculada con su actuación al frente del municipio.

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