Presentan un amparo para frenar la venta de AySA y exigir que se publique su valuación
Cuatro legisladores nacionales recurrieron a la Justicia para reclamar que el Gobierno revele cuánto vale oficialmente la empresa antes de adjudicar el 90% de sus acciones. También solicitaron suspender temporalmente la licitación.
Cuatro legisladores nacionales presentaron un amparo judicial para exigir que el Gobierno dé a conocer la tasación oficial de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y suspenda el proceso de privatización hasta que se haga pública la documentación. Los denunciantes cuestionan que los informes de valuación hayan sido declarados reservados y advierten sobre posibles perjuicios al patrimonio estatal.
La presentación fue realizada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, junto con los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
La acción está dirigida contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía y encabezada por Diego Martín Chaher.
Los legisladores solicitaron que se ordene la entrega de dos documentos: el texto completo de la Resolución ATEP 1/2026, que estableció la reserva de información sobre las tasaciones de empresas públicas, y el informe integral de valuación de AySA, incluidos los criterios metodológicos, las proyecciones económicas y la tasa de descuento aplicada.
Además, pidieron suspender la adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504/2-0003-LPU26 e impedir la firma del contrato de concesión o transferencia de acciones hasta que se entregue la documentación.
Cuestionan la reserva de los informes
Uno de los principales puntos del amparo es la decisión de la ATEP de mantener bajo reserva las tasaciones de las empresas estatales que están en proceso de privatización.
Según los legisladores, el organismo dictó la Resolución ATEP 1/2026 el 1 de abril de 2026, pero la norma no fue publicada en el Boletín Oficial.
Los firmantes consideran que esa decisión contradice la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y el principio de publicidad de los actos de gobierno. También sostienen que la reserva no puede impedir que el Congreso acceda a información necesaria para ejercer sus funciones de control.
En ese sentido, cuestionaron que la agencia haya rechazado dos pedidos de información presentados el 12 de agosto y el 28 de septiembre de 2026. De acuerdo con el escrito, el organismo invocó el carácter reservado de los documentos y objetó la legitimación de los legisladores para solicitarlos.
Los denunciantes argumentan que la Comisión Bicameral tiene atribuciones específicas para supervisar los procesos de privatización. Para respaldar su posición, citaron el artículo 14 de la Ley 23.696, que establece la obligación de informar a esa comisión sobre las circunstancias de las operaciones y facilitar la documentación correspondiente.
También rechazaron que la tasación pueda considerarse un secreto comercial frente al Congreso y la ciudadanía. Según señalaron, las ofertas económicas ya fueron presentadas e incorporadas al expediente, por lo que divulgar el valor oficial de la compañía no otorgaría una ventaja competitiva a los participantes.
Objeciones al método de valuación
El amparo también cuestiona el procedimiento utilizado para determinar el valor de las empresas públicas sujetas a privatización.
Según la presentación, a partir de la Ley Bases 27.742 y sus normas reglamentarias, el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) habría sido desplazado de su función en estos procesos, mientras que la tarea se habría derivado a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Los legisladores señalaron que esa unidad utilizaría el método de Flujo Neto de Fondos Descontados, que estima el valor actual de una empresa a partir de proyecciones de sus ingresos y egresos futuros.
Los denunciantes cuestionaron la aplicación de ese sistema y sostuvieron que podría derivar en una subvaluación de los activos estatales al basarse en estimaciones de ganancias futuras.
Por ese motivo, además de reclamar el informe completo de AySA, solicitaron que la Justicia requiera al Tribunal de Tasaciones de la Nación los antecedentes vinculados con las valuaciones, las actas de su cuerpo colegiado y la Resolución TTN 88/2025.
El objetivo es conocer qué organismos intervinieron, cómo se realizó el cálculo y cuáles fueron los parámetros utilizados para establecer el valor de la empresa.
Piden suspender la adjudicación
Los legisladores fundamentaron la medida cautelar en el riesgo de que la privatización avance antes de que los órganos de control puedan acceder a la información.
Según argumentaron, si se adjudica la licitación y se concreta la transferencia accionaria sin conocer la tasación oficial, una eventual sentencia posterior podría resultar insuficiente para reparar los daños que pudieran producirse.
Por eso, solicitaron que el procedimiento se suspenda de manera temporal hasta que el Gobierno cumpla con la obligación de informar. Aclararon que el pedido no busca cancelar definitivamente la privatización, sino condicionar su avance a la entrega de la documentación.
También reclamaron que se declare la nulidad de la reserva dispuesta mediante la Resolución ATEP 1/2026 y que se ordene entregar tanto esa norma como el informe integral de valuación de AySA.
La presentación incluye como prueba los reclamos administrativos realizados ante la agencia, una respuesta firmada por Chaher el 1 de octubre de 2026 y una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
El expediente quedó radicado en el juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Santiago Carrillo. En paralelo, también se encuentra en trámite la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
La cuestión central que los legisladores plantearon ante la Justicia es que se conozca el valor oficial de AySA antes de que avance la adjudicación del 90% de sus acciones.
