ARGENTINA EXPONE ANTE EL TRIBUNAL DEL MAR PARA FRENAR EL PROYECTO PETROLERO SEA LION
Las audiencias comenzaron este martes en Hamburgo, Alemania. El Gobierno de Javier Milei solicitó medidas provisionales para detener la explotación de hidrocarburos en el área marítima en disputa por las Islas Malvinas. El Reino Unido cuestiona la jurisdicción del organismo.
La Argentina y el Reino Unido comenzaron este martes 10 de noviembre las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, para exponer sus posiciones sobre el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei busca que el organismo adopte medidas provisionales para impedir que continúen las actividades de explotación mientras permanece abierta la controversia por la soberanía.
La solicitud argentina fue presentada el 13 de octubre, en el marco del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Incluye cuatro pedidos: frenar el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos, evitar nuevas autorizaciones en el área marítima en disputa, preservar los datos obtenidos durante la exploración y proteger el medio marino.
La delegación argentina está encabezada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia. También participan la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, Juan Ignacio Stampalija y Santiago Castro Videla. Entre los representantes que expusieron los argumentos jurídicos se encuentra Marcelo Kohen, quien sostuvo que el objetivo no es obtener una definición inmediata sobre la soberanía de las islas, sino proteger los derechos argentinos sobre los espacios marítimos mientras continúa pendiente la resolución de la controversia.
La posición de Buenos Aires se apoya en las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de las Naciones Unidas. Además, argumenta que la extracción de petróleo podría ocasionar un daño irreversible, porque se trata de un recurso no renovable, y plantea la necesidad de preservar el medio marino conforme a las obligaciones establecidas en la Convemar.
El Reino Unido, por su parte, rechaza que el Tribunal tenga competencia para intervenir en una controversia vinculada con la soberanía de las Malvinas. La fiscal general británica, Ellie Reeves, encabezó la delegación de ese país y sostuvo que Londres respeta el organismo, pero no considera que tenga jurisdicción para tratar el reclamo argentino. El Gobierno británico también defiende el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y sostiene que el inicio del procedimiento no obliga a detener las actividades petroleras.
Las audiencias previstas para el 10 y el 11 de noviembre no resolverán la disputa de soberanía. El Tribunal deberá determinar si corresponde conceder las medidas provisionales solicitadas mientras se constituye el tribunal arbitral que abordará la controversia principal. Según el plazo mencionado por un especialista consultado por Infobae, la decisión debería conocerse un mes después de la presentación argentina, por lo que podría llegar el viernes 13 de noviembre o el lunes siguiente.
